Sistema Federal de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas

Buenos Aires, 12/10/2016

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-SEG: 00001208/2016 del Registro del
MINISTERIO DE SEGURIDAD, las Resoluciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD
Nros. 1256/11, 165/12, 1066/14, 104/15, 470/15 y 68/16, la Resolución
Conjunta del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y MINISTERIO DE
SEGURIDAD N° 445/16 y N° 271/16 y, la Convención sobre los Derechos del
Niño aprobada por la Ley N° 23.849, la Ley N° 25.746, la Ley de
Seguridad Interior N° 24.059 y sus modificatorias, la Ley de
Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que es misión indelegable del ESTADO NACIONAL velar por la seguridad y el bienestar general de todos sus habitantes.

Que desde el año 2012 y hasta enero del año 2016 el MINISTERIO DE
SEGURIDAD registró TRECE MIL TRESCIENTOS SEIS (13.306) casos de
personas denunciadas como desaparecidas o extraviadas, SIETE MIL CIENTO
DIEZ (7.110) adultos y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS (6.196) menores
de edad, permaneciendo a la fecha CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS
(4.182) búsquedas vigentes respecto de las cuales el ESTADO NACIONAL no
ha podido dar todavía una solución eficaz.

Que la desaparición de personas o la demora en su identificación
constituye una situación desesperante para sus familias y constituye
una grave preocupación para la ciudadanía en su conjunto.

Que, en este escenario, resulta particularmente grave la desaparición
de menores de edad, dada la responsabilidad que ha asumido el ESTADO
NACIONAL mediante la adopción de la Convención sobre los Derechos del
Niño y otros Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y la
evidente situación de vulnerabilidad en que se encuentra ese universo
de personas.

Que por otro lado, han sido notorios y de público conocimiento los
casos de desapariciones aún irresueltas de María CASH, María de los
Ángeles VERÓN, Erica SORIANO, Fernando LARIO, Nataly GONZALO, María
Florencia PENNACCHI y Sofía HERRERA, entre otros; resultando también
materia de preocupación generalizada la conexión que la desaparición de
mujeres jóvenes puede tener con el delito de trata de personas.

Que, sin perjuicio de los esfuerzos realizados hasta el momento,
resulta entonces evidente la necesidad de dotar al ESTADO NACIONAL de
las herramientas adecuadas para poder brindar una respuesta rápida y
eficaz a estas situaciones, a fin de dar con el paradero de las
personas buscadas e identificar aquellas encontradas con o sin vida.

Que las técnicas para la identificación de personas no son uniformes,
no existiendo organismo que registre a nivel nacional las personas
halladas no identificadas (NN).

Que las dependencias estatales que hoy están abocadas a la búsqueda de
personas no lo hacen coordinadamente, ni bajo un protocolo único de
actuación, lo que conduce a un malgasto de recursos y retrasa la
eficacia de las mismas.

Que en estas condiciones, el Gobierno Nacional debe articular los
medios y herramientas necesarias para garantizar la seguridad de la
población resultando imperioso la creación de un SISTEMA FEDERAL DE
BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y EXTRAVIADAS.

Que dicho sistema no sólo tendrá por objeto mejorar las capacidades
estatales para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y
extraviadas, sino que además resultará una herramienta esencial en la
lucha contra el crimen organizado y la trata y explotación de personas.

Que, a su vez, resulta imprescindible contar con personal formado y
capacitado en la materia, a fin de lograr mayor eficiencia en la
recepción de denuncias, contención de familiares y procedimientos de
búsqueda de personas.

Que en razón de lo expresado es necesario establecer un sistema de
cooperación entre los diferentes organismos del PODER EJECUTIVO
NACIONAL, las Fuerzas Policiales y de Seguridad y aquellas entidades
públicas y privadas abocadas a la búsqueda de personas, a fin de
avanzar en la organización y sistematización de la información y
técnicas de búsqueda.

Que es menester para el ESTADO NACIONAL contar con todos los recursos
tecnológicos disponibles para cumplir con su indelegable tarea de
afianzar la seguridad de todos los habitantes de la Nación.

Que el artículo 145 de la LEY NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES N° 19.798
y sus modificatorias, dispone que “Las actividades de
telecomunicaciones deben contribuir a la seguridad y adecuarse a las
exigencias que la defensa nacional imponga”.

Que la LEY ARGENTINA DIGITAL N° 27.078 y su modificación, enumera en su
artículo 62, inciso i), entre las obligaciones en cabeza de los
licenciatarios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
la de “Atender los requerimientos en materia de defensa nacional y de
seguridad pública formulados por las autoridades competentes”.

Que el artículo 81 inciso t) de la ley citada en último término, prevé
la coordinación de las acciones entre la ex AUTORIDAD FEDERAL DE
TECONOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y las autoridades
del Poder Ejecutivo, provinciales y municipales.

Que por Resolución Conjunta del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS Y MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 445/16 y N° 271/16 se transfiere,
en el ámbito de la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN CON LOS PODERES
JUDICIALES, MINISTERIOS PÚBLICOS Y LEGISLATURAS del MINISTERIO DE
SEGURIDAD, el PROGRAMA NACIONAL DE COORDINACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE
PERSONAS ORDENADA POR LA JUSTICIA que tendrá por objeto planificar,
coordinar y supervisar el cumplimiento de las acciones fijadas a la
UNIDAD ESPECIAL PARA BÚSQUEDA DE PERSONAS ORDENADA POR LA JUSTICIA
creada por la Ley N° 26.375 especificadas en su artículo 2°, y las del
FONDO PERMANENTE DE RECOMPENSAS creado por la Ley N° 26.538.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARÍA DE
ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN,
PLANEAMIENTO Y FORMACIÓN del MINISTERIO DE SEGURIDAD ha tomado la
intervención de su competencia.

Que la medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1° — Créase el SISTEMA FEDERAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
DESAPARECIDAS Y EXTRAVIADAS en la órbita de la SECRETARÍA DE
COOPERACIÓN CON LOS PODERES JUDICIALES, MINISTERIOS PÚBLICOS Y
LEGISLATURAS del MINISTERIO DE SEGURIDAD, que tendrá por objeto
coordinar la cooperación entre dicho Ministerio, el PODER JUDICIAL y
los MINISTERIOS PÚBLICOS, las demás Carteras del PODER EJECUTIVO
NACIONAL y cualquier otro organismo o ente centralizado o
descentralizado, del orden NACIONAL, PROVINCIAL, MUNICIPAL o de la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES que intervenga en la búsqueda de
personas desaparecidas o extraviadas y el hallazgo de personas no
identificadas o cuya información pueda ser de utilidad para dar con el
paradero y/o identidad de las mismas.

ARTÍCULO 2° — A los fines del presente, la Autoridad de Aplicación del
SISTEMA FEDERAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y EXTRAVIADAS
será la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN CON LOS PODERES JUDICIALES,
MINISTERIOS PÚBLICOS Y LEGISLATURAS del MINISTERIO DE SEGURIDAD.

ARTÍCULO 3° — El SISTEMA FEDERAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y EXTRAVIADAS tendrá las siguientes funciones:

1. Establecer mecanismos de coordinación con los demás organismos del
Estado a los efectos de intervenir articuladamente con el Magistrado a
cargo de la investigación, en la búsqueda de personas desaparecidas o
extraviadas, previa solicitud del mismo.

2. Articular el intercambio de información con Organizaciones No
Gubernamentales que trabajen en la temática de búsqueda de personas
desaparecidas o extraviadas. Asimismo, con aquellas entidades públicas
o privadas que se considere oportuno.

3. Entender en la implementación de planes de capacitación y formación
permanente para los miembros del SISTEMA FEDERAL DE BÚSQUEDA DE
PERSONAS DESAPARECIDAS Y EXTRAVIADAS, miembros del PODER JUDICIAL y
MINISTERIOS PÚBLICOS NACIONALES, PROVINCIALES y de la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES, de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales,
Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 4° — La Autoridad de Aplicación del SISTEMA FEDERAL DE
BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y EXTRAVIADAS podrá celebrar
convenios con los diversos registros y bases de datos nacionales y
provinciales que contengan información sobre personas desaparecidas o
extraviadas, a los efectos de agilizar los procesos y el adecuado
intercambio de información con dichos registros y bases de datos; así
como dictar Protocolos específicos, resoluciones y elaborar las
propuestas normativas que a los efectos resulten necesarias.

ARTÍCULO 5° — El MINISTERIO DE SEGURIDAD conjuntamente con el
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS articularan las medidas
necesarias a los fines que el intercambio de información entre el
SISTEMA FEDERAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y EXTRAVIADAS y
el REGISTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE PERSONAS MENORES EXTRAVIADAS,
creado por la Ley N° 25.746 en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, se efectúe en forma inmediata y permanente, a cuyo
efecto deberán instrumentar los procedimientos operativos que resulten
adecuados para garantizar que el Registro Nacional antes mencionado
aporte de forma fluida y constante la información que este disponga en
su órbita a disposición del Sistema. Federal de Búsqueda de Personas
Desaparecidas y Extraviadas.

ARTÍCULO 6° — Toda Fuerza Policial o de Seguridad Federal que reciba
una denuncia por desaparición o extravío de persona, cualquiera fuere
el trámite otorgado internamente, deberá comunicarla de manera
inmediata a la Oficina de la misma que administre la carga del SISTEMA
FEDERAL DE COMUNICACIONES POLICIALES (SIFCOP). El MINISTERIO DE
SEGURIDAD suscribirá los acuerdos pertinentes con los PODERES
JUDICIALES y los MINISTERIOS PÚBLICOS FISCALES —Nacionales,
Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES—, las PROVINCIAS y
la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los fines de que en los supuestos
en que la denuncia fuera efectuada ante dichos ámbitos y/o ante las
Fuerzas Policiales de las Provincias y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES, se remita de manera inmediata la información a dicho Ministerio.

En dicha comunicación deberá constar, de ser posible:

a) Nombre y apellido de la persona, sexo, fecha de nacimiento,
nacionalidad, domicilio y demás datos que permitan su identificación.

b) Nombre y apellido de sus familiares cercanos y domicilio habitual de los mismos.

c) Detalle del lugar, fecha y hora en que fue vista por última vez la persona.

d) Fotografía o descripción pormenorizada actualizada.

e) Núcleo de pertenencia y/o referencia.

f) Cualquier otro dato que se considere de importancia para su identificación.

g) Datos de la autoridad pública o judicial que comunique la denuncia.

h) Datos identificatorios y de contacto de la persona que realiza la denuncia.

Asimismo, toda Fuerza Policial o de Seguridad, autoridad judicial,
servicio de salud o dependencia administrativa, que de cualquier modo
tomare conocimiento del hallazgo de una persona —con vida o fallecida—
no identificada o haya intervenido en la inhumación, deberá dar
inmediata intervención a la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN CON LOS PODERES
JUDICIALES, MINISTERIOS PÚBLICOS Y LEGISLATURAS del MINISTERIO DE
SEGURIDAD, de conformidad con los acuerdos que a tal fin celebre el
MINISTERIO DE SEGURIDAD con el PODER JUDICIAL, el MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL, las Provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

En toda comunicación deberá constar, de ser posible:

a) Estado de Salud o Informe Médico.

b) Fotografía del rostro y las señas particulares.

c) Lugar del hallazgo (fecha y características).

d) Huellas Dactilares.

e) Material biológico a fin de proceder a la reserva de una muestra de ADN.

f) Datos de la autoridad pública prevencional, judicial o sanitaria que comunique la circunstancia.

ARTÍCULO 7º — Toda información que reciban las autoridades policiales o
de seguridad respecto a la desaparición de una persona deberá ser
remitida inmediatamente al Magistrado de turno quien podrá por si o a
solicitud de la Autoridad de Aplicación, disponer la incorporación de
dicha causa al PROGRAMA NACIONAL DE COORDINACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE
PERSONAS ORDENADA POR LA JUSTICIA, conforme los términos establecidos
por la Resolución Conjunta del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS y MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 445/16 y N° 271/16.

ARTÍCULO 8° — En caso que la persona buscada apareciera, las
autoridades policiales o de seguridad, judiciales o del Ministerio
Público que intervenga, deberá comunicar el hecho inmediatamente a la
SECRETARÍA DE COOPERACIÓN CON LOS PODERES JUDICIALES, MINISTERIOS
PÚBLICOS Y LEGISLATURAS, quien dejará sin efecto la búsqueda,
efectuando la comunicación a través del SISTEMA FEDERAL DE
COMUNICACIONES POLICIALES (SIFCOP), debiendo informarse:

a) Fecha, hora y circunstancias de la aparición.

b) Motivos de la ausencia.

c) Indicar si la persona hallada manifestó haber sido víctima de un delito, en tal caso especificar el tipo penal.

En caso de lograr la identificación de personas halladas con identidad
desconocida, deberá comunicarse dicha circunstancia a la SECRETARÍA DE
COOPERACIÓN CON LOS PODERES JUDICIALES, MINISTERIOS PÚBLICOS Y
LEGISLATURAS que tomará los recaudos necesarios para salvaguardar los
derechos a la intimidad, el honor y la privacidad consagrados en la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos. En caso de dar con el paradero de una persona buscada adulta,
se respetará su voluntad cuando la misma no quisiera que se brinde
datos sobre su ubicación a determinada persona. En el caso de menores,
la identificación permanecerá reservada.

ARTÍCULO 9° — El MINISTERIO DE SEGURIDAD proveerá los medios necesarios
para la puesta en funcionamiento y la accesibilidad al SISTEMA FEDERAL
DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y EXTRAVIADAS a todas las
Provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES que adhieran al
presente, debiendo ser la misma con carácter permanente e
ininterrumpido.

ARTÍCULO 10. — El MINISTERIO DE SEGURIDAD habilitará una línea
telefónica gratuita nacional que deberá funcionar las VEINTICUATRO (24)
horas del día, los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días del año con
el fin de recibir denuncias y receptar información acerca del paradero
de las personas desaparecidas y extraviadas.

El personal que se disponga para dichas tareas deberá contar con especial formación en contención psicológica.

ARTÍCULO 11. — En uso de las facultades reservadas al ESTADO NACIONAL
en las Leyes que regulen las telecomunicaciones nacionales, el
MINISTERIO DE SEGURIDAD podrá utilizar la RED NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES INTEGRADAS para la transmisión de textos, imágenes y
sonidos para la difusión pública de los datos identificatorios de las
personas extraviadas o desaparecidas, coordinando las acciones
pertinentes con el MINISTERIO DE COMUNICACIONES y el ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES.

ARTÍCULO 12. — El MINISTERIO DE SEGURIDAD publicará en su sitio web
información relacionada con la temática y difundirá la fotografía y
datos de personas desaparecidas o extraviadas y personas halladas de
identidad desconocida, con excepción de los niños, niñas y adolescentes
para los cuales se requerirá autorización judicial.

Asimismo, se difundirá la fotografía en todas las dependencias de las
Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, así como en los espacios
públicos y privados de acceso público de acuerdo a las modalidades
previstas por el artículo 3º del presente.

La información deberá ser actualizada en forma permanente.

ARTÍCULO 13. — El MINISTERIO DE SEGURIDAD instrumentará los mecanismos
de colaboración y asistencia con los demás Ministerios, Gobiernos
Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y Organizaciones
No Gubernamentales nacionales e internacionales a los fines de lograr
el objeto del presente, que podrá hacerlo a través del CONSEJO DE
SEGURIDAD INTERIOR.

ARTÍCULO 14. — Instrúyese al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a efectuar
las modificaciones presupuestarias necesarias destinadas a financiar
los gastos que demande la aplicación del presente decreto, a cuyo fin
el MINISTERIO DE SEGURIDAD realizará las estimaciones pertinentes.

ARTÍCULO 15. — Instrúyese al MINISTERIO DE SEGURIDAD a dictar, en un
plazo de NOVENTA (90) días a partir de la publicación del presente
Decreto, las normas complementarias que fueran necesarias para su
implementación; así como Protocolos de Toma de Denuncias frente a casos
de personas desaparecidas y extraviadas; de actuación de las Fuerzas de
Seguridad Federales y de los cuerpos policiales Provinciales y de la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que adhieran al presente; de alertas
tempranas para estaciones de trenes, subterráneos, aeropuertos,
transporte público en general y zona de fronteras; de toma de huellas
dactiloscópicas; de Comunicación ante el hallazgo de una persona NN y
de Restitución de niños, niñas y adolescentes.

ARTÍCULO 16. — Invítase a las Provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES a adherir al SISTEMA FEDERAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
DESAPARECIDAS y EXTRAVIADAS.

ARTÍCULO 17. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional
del Registro Oficial y archívese.