Sector Eléctrico Nacional. Emergencia. Declaración

VISTO, las Leyes Nros. 24.065, 25.561, 25.790 y 27.200 y la Ley de
Ministerios (Ley N° 22.520 texto ordenado por Decreto N° 438/92 y sus
modificatorias), y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 1° de la Ley N° 24.065 caracteriza como servicio público al transporte y distribución de electricidad.

Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 2° de la referida Ley, la
Política Nacional en materia de abastecimiento, transporte y
distribución de electricidad tiene los objetivos de proteger
adecuadamente los derechos de los usuarios; promover la competitividad
de los mercados de producción y demanda de electricidad y alentar
inversiones para asegurar el suministro a largo plazo; promover la
operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y
uso generalizado de los servicios e instalación de transporte y
distribución de electricidad; regular las actividades del transporte y
la distribución de electricidad, asegurando que las tarifas que se
apliquen a los servicios sean justas y razonables; incentivar el
abastecimiento, transporte, distribución y uso eficiente de la
electricidad fijando metodologías tarifarias apropiadas; y alentar la
realización de inversiones privadas en producción, transporte y
distribución, asegurando la competitividad de los mercados donde sea
posible.

Que la Ley N° 25.561 autorizó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a renegociar
los contratos comprendidos en lo dispuesto en su Artículo 8°, que
tengan por objeto la prestación de servicios públicos.

Que la Ley N° 25.790 dispuso que las decisiones que adopte el PODER
EJECUTIVO NACIONAL en el desarrollo del proceso de renegociación no se
hallarán limitadas o condicionadas por las estipulaciones contenidas en
los marcos regulatorios que rigen los contratos de concesión o licencia
de los respectivos servicios públicos.

Que las Leyes. Nros. 25.561 y 25.790 fueron objeto de sucesivas
prórrogas, la última de ellas, dispuesta por la Ley N° 27.200, con
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.

Que a pesar del tiempo transcurrido la renegociación contractual ordenada por la Ley N° 25.561 no se ha completado.

Que ello ha implicado la ausencia de un esquema tarifario que brinde
señales hacia un consumo eficiente y racional para los distintos
segmentos y tipos de usuarios.

Que asimismo los sistemas de remuneración establecidos en el MERCADO
ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) a partir de 2003 no han dado señales
económicas suficientes para hacer que los actores privados realicen las
inversiones que se requieren en el Sistema Eléctrico para permitir el
crecimiento necesario de la oferta de energía eléctrica para abastecer
el crecimiento de la demanda de dicho servicio.

Que el atraso en los niveles de inversión de infraestructura en las
redes de distribución de energía eléctrica y la dependencia del
abastecimiento en equipos de generación móvil de tipo emergencial, ante
condiciones meteorológicas exigentes o ante fallas imprevistas de
equipos críticos sin nivel de reserva o redundancia suficiente, resultó
en el aumento del número de interrupciones del suministro y su
duración, evidenciando un paulatino y progresivo decrecimiento en la
calidad del servicio.

Que el Servicio Público de Distribución y Comercialización de Energía
Eléctrica bajo Jurisdicción Federal a cargo de las concesionarias
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDENOR
S.A.) y Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (EDESUR S.A.) exhibe
una situación caracterizada por la insuficiente adecuación del sistema
de distribución a las necesidades de la demanda actual y futura.

Que ello así, debido a diversos factores entre los cuales se destacan
la falta de inversiones suficientes, unida a una deficiente
planificación en el ámbito de la distribución de energía que
profundizaron los inconvenientes derivados de la falta de renovación de
las redes y su ampliación acorde a los cambios de hábitos de consumo de
la sociedad, así como al avance tecnológico y la intensificación del
consumo por el uso de equipamiento eléctrico domiciliario,
especialmente sistemas de climatización, incluyendo sustituciones de
otras fuentes de energía por el uso de la electricidad.

Que ello ha resultado en un progresivo decrecimiento en la calidad del servicio.

Que los indicadores que reflejan la calidad del servicio público de las
distribuidoras exhiben los siguientes resultados: el indicador de
frecuencia media de interrupción por usuario correspondiente al 2003
para EDENOR S.A. fue de 4,73 interrupciones por año y para el 2014 fue
de 9,33 interrupciones por año, en tanto el mismo indicador para EDESUR
S.A. fue de 3,56 interrupciones por año y de 5,44 interrupciones por
año, respectivamente.

Que en el indicador de la duración media de interrupción por usuario
del 2003 para EDENOR S.A. fue de 10,19 horas por año y para el 2014 fue
de 31,83 horas por año, en tanto el mismo indicador para EDESUR S.A.
fue de 6,39 horas por año y de 33,07 horas por año, respectivamente.

Que estos resultados representan un aumento, para los períodos
referidos, del indicador de frecuencia media de interrupción por
usuario para EDENOR S.A. del NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (97%) y para
EDESUR S.A. del CINCUENTA Y TRES POR CIENTO (53%).

Que el riesgo asociado a los equipos de transmisión y transformación
del Sistema de Transporte en Alta Tensión, ante imprevistos, meteoros,
atentados o fallas que impliquen una afectación potencial significativa
al abastecimiento de la demanda, ya sea en forma directa o limitando la
capacidad de transporte entre los distintos puntos de la red,
existiendo además condiciones de saturación y alta exigencia en algunas
regiones en la red troncal, afectan la eficiencia operativa y la
calidad del servicio.

Que el nivel de confiabilidad del parque de generación térmica
convencional instalada, afectado por su antigüedad y gestión, limita la
disponibilidad a valores del orden del SETENTA POR CIENTO (70%) de la
potencia térmica instalada, por debajo de los estándares
internacionales de la industria, requiriendo además trabajos de
reparación y mantenimiento que, por el estado de las unidades, insumen
mayores recursos económicos.

Que los escasos niveles de reserva operativa en días y horas de alta
exigencia por condiciones meteorológicas extremas son menores al CINCO
POR CIENTO (5%) de la potencia disponible en el sistema, con el
consecuente riesgo de restricciones en el suministro ante hechos
imprevistos.

Que en cuanto a los niveles de reserva del sistema en el mediano plazo,
no hay certeza suficiente respecto del ingreso de nuevos equipos de
generación y la disponibilidad firme y previsible de recursos
primarios, fundamentalmente gas y gas oíl, que actualmente se importan
del exterior.

Que deben considerarse también los riesgos relacionados con las
características de la generación instalada en determinados nodos de la
red de distribución que es imprescindible para poder abastecer la
demanda local, como es el caso de la generación instalada en la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que incluye equipos de tecnología Turbo Vapor
de más de CUARENTA (40) años de antigüedad.

Que la situación se ve agravada por los riesgos correspondientes a la
logística del transporte de combustibles líquidos, tanto en barcos como
en camiones, derivada de situaciones meteorológicas o de conflictos y
el nivel de dependencia en el abastecimiento del gas importado, que
cubre más del TREINTA POR CIENTO (30%) de la demanda total.

Que el inicio del mantenimiento de larga duración, en enero de 2016, de
la CENTRAL NUCLEAR EMBALSE impedirá disponer de su potencia,
dependiendo la totalidad del aporte nuclear de la producción de las
centrales nucleares ATUCHA I y II.

Que respecto de la generación hidroeléctrica debe tenerse presente que
al no haberse concretado nuevos emprendimientos de ese tipo en los
últimos años, su participación en la oferta total de generación del
sistema, año a año, es cada vez menor.

Que la situación financiera del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM),
afectada por un sistema de retribución que no refleja los costos reales
de producción y la situación generalizada de deudas de agentes
distribuidores con dicho mercado, ha requerido de una transferencia
continua de aportes del TESORO NACIONAL para hacer frente a ese
desbalance, por valores que sólo para el año 2015, superarán la suma de
NOVENTA MIL MILLONES DE PESOS ($90.000.000.000), con tendencia
creciente.

Que, por otro lado, debe considerarse la necesidad de divisas para el
pago de los combustibles importados para dar continuidad al
abastecimiento, como también para el sostenimiento de los planes de
mantenimiento y finalización y la continuidad de los proyectos en
ejecución en los segmentos de generación y transporte.

Que es necesaria además la pronta concreción de proyectos de generación
más eficientes que diversifiquen la matriz energética y reduzcan la
dependencia del uso de combustibles fósiles.

Que de las evaluaciones técnicas disponibles surge que la continuidad
del abastecimiento eléctrico dependerá del cumplimiento de una gestión
precisa de la generación y disponibilidad de combustibles en la
oportunidad y condiciones requeridas.

Que resulta necesario coordinar la actuación de los distintos entes
estatales, y de las empresas públicas y privadas del sector energético
para lograr el abastecimiento de manera adecuada y en caso de ser
necesario para tomar las medidas y restricciones operativas coordinadas
para minimizar el impacto socio económico y maximizar la eficiencia de
las medidas.

Que es necesario además incorporar equipamiento de control de gestión y
sistemas de información asociados que permitan contar con información
certera en tiempo y forma, a fin de minimizar los tiempos de
comunicación a la sociedad y de reposición del servicio ante eventuales
fallas.

Que es necesario suministrar información pública transparente y
suficiente para comunicar a la sociedad las condiciones de
funcionamiento del sistema en forma eficaz.

Que lo hasta aquí expuesto revela la existencia de una efectiva
situación de emergencia que debe ser reconocida y así declarada, sin
que ello represente liberar a las concesionarias de las obligaciones
contraídas en sus respectivos contratos de concesión, los que se
encuentran plenamente vigentes.

Que la situación de la que se da cuenta en el presente no es exclusiva
de las concesionarias del ámbito de la Jurisdicción Federal.

Que habiendo evaluado la situación actual y futura del sistema
eléctrico resulta necesario adoptar aquellas medidas de corto, mediano
y largo plazo que permitan asegurar el adecuado suministro eléctrico a
toda la población del país siendo impostergable declarar el estado de
emergencia energética con el objeto de asegurar el estricto
cumplimiento, en el ámbito nacional y por parte de todas las empresas y
los ciudadanos de las medidas que se dicten en consecuencia.

Que el artículo 91 de la Ley N° 24.065 faculta al Poder Ejecutivo a
delegar en el órgano que éste determine, las misiones y funciones que
dicha ley y la Ley N° 15.336 le atribuyen.

Que en virtud de lo previsto en el Artículo 85 de la Ley N° 24.065, el
Artículo 37 de la Ley N° 15.336 y la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520,
texto ordenado por Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) el
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA tiene las funciones y atribuciones de
gobierno, inspección y policía, en materia de generación,
transformación, transmisión y distribución de la energía eléctrica de
jurisdicción nacional, y es la autoridad de aplicación de la Ley N°
24.065 por lo que debe, en la esfera de su competencia, adoptar las
medidas que sean conducentes para el cumplimiento de los objetivos de
la política nacional en la materia.

Que la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para el dictado
del presente acto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 99
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y por las Leyes Nros. 24.065 y
25.561.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1° — Declárase la
emergencia del Sector Eléctrico Nacional. La declaración de emergencia
y las acciones que de ella deriven, según lo indicado en el Artículo 2°
del presente, tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.

Art. 2° — Instrúyese al
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA para que elabore, ponga en vigencia, e
implemente un programa de acciones que sean necesarias en relación con
los segmentos de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica de jurisdicción nacional, con el fin de adecuar la calidad y
seguridad del suministro eléctrico y garantizar la prestación de los
servicios públicos de electricidad en condiciones técnicas y económicas
adecuadas.

Art. 3° — Instrúyese a todos
los organismos de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, incluyendo a los
Organismos Descentralizados a coordinar con el MINISTERIO DE ENERGÍA Y
MINERÍA un programa de racionalización del consumo en los respectivos
organismos u otras medidas que se requieran en sus respectivos ámbitos
de competencia, en orden a los fines indicados en el artículo 2°.

Art. 4° — Invítase a las
jurisdicciones provinciales a coordinar con el MINISTERIO DE ENERGÍA Y
MINERÍA las acciones de emergencia necesarias para asegurar la
prestación de los servicios eléctricos que correspondan a su
jurisdicción.

Art. 5° — La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.