Sistema de gestión, administración financiera y control del sector público de la Ciudad.

Buenos Aires, 27 de agosto de 1998

SISTEMAS DE GESTION, ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL DEL
SECTOR PUBLICO DE LA CIUDAD

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º – Fíjanse los sistemas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos
Aires y establécese la organización y funcionamiento de sus órganos.

Artículo 2º – Los sistemas de Gestión y la
Administración Financiera comprenden el conjunto de órganos, normas y
procedimientos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su
aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado

Artículo 3º – Los sistemas de control comprenden las
estructuras de control interno y externo del sector público de la Ciudad y el
régimen de responsabilidad que estipula y está asentado en la obligación de los
funcionarios de rendir cuentas.

Artículo 4º – Las disposiciones de esta Ley son de
aplicación al Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires el cual comprende la
Administración Central (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), las comunas,
los organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la
seguridad social, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas
otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga
participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones
societarias y las entidades. Asimismo, son aplicables las normas de esta Ley, en
lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones públicas o privadas
a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las instituciones o fondos
cuya Administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado de la Ciudad
de Buenos Aires a través de sus jurisdicciones o entidades.

Artículo 5º – El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos
Aires establece los órganos responsables de la dirección y coordinación de los
sistemas que integran la Gestión y Administración Financiera, los cuales dirigen
y supervisan la implantación y mantenimiento de los mismos.

Para presupuestar o realizar gastos del Sector Público de la
Ciudad de Buenos Aires, se debe cumplir con lo dispuesto por esta Ley y las
reglamentaciones y normas que se dicten en su consecuencia.

Artículo 6º – En el contexto de esta Ley se entiende por
entidad toda organización pública con personería jurídica y patrimonio propio,
se trate de empresas o sociedades y organismos descentralizados y por
jurisdicción a las siguientes unidades institucionales;

Artículo 7º – Son objetivos de esta Ley, y por lo tanto
deberán tenerse presentes principalmente para su interpretación y
reglamentación, establecer como responsabilidad propia de la administración
superior de cada jurisdicción o entidad del Sector Público de la Ciudad, la
implantación y mantenimiento de:

Esta responsabilidad se extiende al cumplimiento del requisito
de contar con personal calificado y suficiente para desempeñar con eficiencia
las tareas que se le asignen en el marco de esta Ley.

Artículo 8º – Los sistemas de Gestión y de
Administración Financiera aseguran el cumplimiento de los principios de
redistribución y compensación de las diferencias estructurales existentes entre
las comunas, conforme lo determine la ley correspondiente.

Artículo 9º – Se garantiza la participación de la
población en la elaboración y seguimiento del Presupuesto Anual, del Programa
General de Gobierno y del Plan de Inversiones Públicas del Gobierno de la Ciudad
a través de foros temáticos y zonales. A esos efectos se articularán los
mecanismos que surjan de la Ley de Presupuesto Participativo.

Artículo 10 – Los sistemas establecidos y regulados por
esta Ley y toda norma que se dicte en consecuencia tendrán en consideración las
prioridades de asignación de recursos elaboradas por instancias de participación
de la población.

TITULO II

DE LA GESTION PUBLICA

Artículo 11 – La Gestión Pública de la Ciudad de Buenos
Aires se realiza a través del Sistema de Programación de la Acción de Gobierno y
del Sistema de Inversiones Públicas.

Los sistemas tienen un órgano rector.

Artículo 12 – Los objetivos de los Sistemas de Gestión
Pública son:

Artículo 13 – A los efectos del cumplimiento de esta Ley
se entiende por Inversión Pública la aplicación de recursos en todo tipo de
bienes y de actividades que incrementen el patrimonio de las entidades que
integran el sector público, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, reponer o
reconstruir la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios.

Artículo 14 – Las siguientes son funciones del órgano
rector de los Sistemas de Programación de la Acción de Gobierno y del de
Inversión Pública, según se trate de gastos corrientes o no corrientes:

Artículo 15 – En cada jurisdicción y entidad integrante
del Sector Público, funcionan una o varias oficinas encargadas de diagnosticar,
formular, controlar y evaluar los programas y proyectos de su competencia. Estas
unidades dependen jerárquicamente de la autoridad superior de cada organismo y
actúan coordinadas técnicamente por los órganos rectores de los Sistemas de
Gestión Pública.

Artículo 16 – Las oficinas encargadas de elaborar los
Programas o Proyectos de cada jurisdicción o entidad del Sector Público de la
Ciudad de Buenos Aires tendrán las siguientes funciones:

Artículo 17 – El Programa General de Acción de Gobierno,
el Plan de Inversiones Públicas y el Presupuesto de la Administración de la
Ciudad de Buenos Aires se integran con los programas y proyectos que se hayan
formulado y evaluado según los principios, normas y metodologías de los Sistemas
que componen la Gestión Pública y el Sistema de Presupuesto. En el caso que
éstos no integren el Inventario de Programas o Proyectos de la Ciudad, o no
hubieran sido evaluados bajo la metodología que indican los Sistemas de Gestión,
debe darse una explicación especial a la Legislatura, en el documento que los
acompaña.

Los mismos criterios deben cumplir los programas y proyectos de
organizaciones privadas o públicas que requieran del Sector Público de la Ciudad
de Buenos Aires transferencias, subsidios, aportes, avales, créditos u otros
beneficios.

Artículo 18 – Los programas y proyectos que se incluyan
en el proyecto de Ley del Presupuesto de la Administración de la Ciudad de
Buenos Aires son seleccionados por el/la responsable de cada área de Gobierno,
teniendo en consideración las prioridades propuestas en las instancias de
participación de la población, debiendo cumplir con los límites presupuestarios
informados por el órgano responsable de los Sistemas de Administración
Financiera.

Artículo 19 – El Programa General de Acción de Gobierno
y el Plan de Inversiones Públicas se formulan anualmente con la proyección
plurianual. Al finalizar cada ejercicio se los reformula para el período
plurianual que se establezca, con las correcciones o modificaciones necesarias
para adaptarlo al grado de avance efectivo logrado y a las nuevas condiciones de
financiamiento del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires.

El primer año de cada Programa General de Acción de Gobierno y
de cada Plan de Inversiones debe coincidir con el proyecto de Ley de Presupuesto
General de la Ciudad de Buenos Aires, asignando los fondos a los mismos
programas y recurriendo a las mismas fuentes de financiamiento.

Las clasificaciones de los programas, las agregaciones de los
mismos y la estructura analítica deben ser idénticas a la estructura
presupuestaria.

Artículo 20 – La duración del ejercicio financiero es
coincidente con la duración de los ejercicios financieros de los Sistemas de
Administración Financiera.

Artículo 21 – El Programa General de Acción de Gobierno
y el Plan de Inversiones son aprobados conjuntamente con la Ley de
Presupuesto.

Artículo 22 – El Inventario de Programas y el de
Proyectos se integran con los programas y proyectos identificados, formulados y
evaluados por las oficinas responsables, desarrollados en todas sus etapas de
acuerdo con las pautas metodológicas que se establezcan.

Artículo 23 – Los/las responsables de los programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos elaboran informes trimestrales sobre el
desarrollo de las actividades del área en que se desempeñan, evaluando los
medios utilizados y resultados obtenidos, que son elevados a consideración al
Jefe/a de Gobierno de la Ciudad.

Artículo 24 – Toda información escrita que reciban los
organismos, los responsables de programas y proyectos y sus superiores
jerárquicos, en su condición de tales, debe ser guardada por el término que fije
la reglamentación en la oficina correspondiente, de donde se derivará al Archivo
de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 25 – Los/las responsables de los programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben
redactar un informe final sobre su gestión. El mismo debe contener:

1. Los planes, proyectos, programas o metas correspondientes al área a su cargo
   durante la gestión.
2. La descripción de las actividades realizadas durante el lapso que duró su
   gestión para el cumplimiento de tales planes, proyectos, programas o metas.
3. En tal contexto, la información de los logros obtenidos en la gestión.
4. El señalamiento, si correspondiera, de los factores que incidieron positiva
   o negativamente en el logro de metas, objetivos o resultados.
5. La descripción, si las tuviera, de todas las propuestas y acciones de mejora
   para la consecución de los objetivos del organismo a futuro.

Dicha presentación no puede demorar más de un (1) mes desde el
alejamiento del cargo del funcionario obligado, quién debe recibir colaboración
de quienes fueron sus asistentes y prestándola a quién legítimamente lo/la
suceda. La tarea es remunerada.

(Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 5.450, BOCBA
N° 4799 del 13/01/2016)

TITULO III

DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 26 – Los objetivos de los Sistemas de
Administración Financiera son:

Artículo 27 – La Administración Financiera está
integrada por los siguientes sistemas, que deben interrelacionarse entre sí:

Cada uno de estos sistemas está a cargo de un órgano rector,
que dependerá directamente del órgano que ejerza la coordinación de todos
ellos.

A efectos de la reglamentación se establece que debe
considerarse al Sistema Presupuestario como base de la arquitectura de los demás
sistemas.

Artículo 28 – En cada jurisdicción y entidad funciona un
servicio administrativo financiero a cuyo cargo están las siguientes tareas:

CAPITULO II

DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO

SECCION I

DE LAS NORMAS TECNICAS COMUNES

Artículo 29 – El presupuesto de la Ciudad de Buenos
Aires, tiene carácter participativo, el cual se garantiza mediante la consulta a
la población en el proceso de elaboración y seguimiento.

Artículo 30 – El presente Capítulo establece los
principios, órganos, normas y procedimientos que rigen el proceso presupuestario
de todas las jurisdicciones y entidades que conforman el Sector Público de la
Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 31.- Los presupuestos comprenden todos los
recursos y gastos previstos para el ejercicio, los cuales figuran por separado y
por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. No hay gastos reservados,
secretos o análogos, cualquiera que sea su denominación. Los presupuestos
muestran el resultado económico y financiero de las transacciones programadas
para ese período, en sus cuentas corrientes y de capital, así como la producción
de bienes y servicios que generan las acciones previstas».

(Conforme texto Artículo 1º de la Ley Nº 287 –
BOCBA Nº 857 del 12/01/2000)

Artículo 32 – Los presupuestos de recursos contienen la
enumeración de los distintos rubros de ingresos y otras fuentes de
financiamiento, incluyendo los montos estimados para cada uno de ellos en el
ejercicio. Las denominaciones de los diferentes rubros de recursos deben ser lo
suficientemente específicas como para identificar las respectivas fuentes.

Artículo 33 – En los presupuestos de gastos se utilizan
las técnicas más adecuadas para demostrar el cumplimiento de las políticas,
planes, programas, proyectos y producción de bienes y servicios de los
organismos del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires, así como la
incidencia económica y financiera de los gastos y la vinculación de los mismos
con sus fuentes de financiamiento.

La reglamentación establece las técnicas de programación
presupuestaria y los clasificadores de gastos y recursos que serán
utilizados.

Artículo 34 – Cuando en los presupuestos de las
jurisdicciones y entidades se incluyan créditos para contratar obras o adquirir
bienes y servicios, cuyo plazo de ejecución exceda al ejercicio presupuestario,
se debe incluir en los mismos información sobre los recursos invertidos en años
anteriores, los que se estime invertir en el futuro y el monto total del gasto,
así como los respectivos cronogramas de ejecución física.

Artículo 35 – Son nulos los actos de la Administración
que comprometan gastos o dispongan desembolsos contraviniendo las disposiciones
sobre gestión y presupuestación.

Las obligaciones que se derivan de los mismos no serán
oponibles ni a la Ciudad de Buenos Aires ni a cualquier otra entidad contratante
del Sector Público.

SECCION II

DE LOS RECURSOS

Artículo 36 – Los recursos de la Ciudad se integran con
los que establece el artículo 9º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
que son los siguientes:

Artículo 37 – La estimación y recaudación de los
recursos de cada ejercicio está a cargo de las oficinas o agentes que determinen
las leyes y reglamentos respectivos.

Los recursos percibidos, cualquiera sea su origen, deben ser
ingresados a la Tesorería General, o a las tesorerías de los organismos
descentralizados antes de la finalización del día hábil siguiente al de su
percepción.

El Poder Ejecutivo puede autorizar a la autoridad competente a
ampliar este plazo cuando las circunstancias así lo justifiquen.

Artículo 38 – Se computan como recursos del ejercicio
los efectivamente ingresados o acreditados en la cuenta a la orden de las
tesorerías hasta la finalización de aquél. Los ingresos correspondientes a
situaciones en las que el Estado sea depositario o tenedor temporario no
constituyen recursos.

SECCION III

DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA

Artículo 39 – La Oficina de Presupuesto es el órgano
rector del Sistema Presupuestario del Sector Público de la Ciudad de Buenos
Aires.

Artículo 40 – La Oficina de Presupuesto de la Ciudad de
Buenos Aires tiene las siguientes competencias:

Artículo 41 – Integran el Sistema Presupuestario y son
responsables de cumplir con esta Ley, su reglamentación y las normas técnicas
que emita la Oficina de Presupuesto, todas las unidades que cumplan funciones
presupuestarias en cada una de las jurisdicciones y entidades. Estas unidades
serán responsables del cumplimiento de las políticas y lineamientos que, en
materia presupuestaria, establezcan las autoridades competentes.

SECCION IV

DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PARTE PRIMERA

DE LA ESTRUCTURA DE LA LEY DE PRESUPUESTO

Artículo 42 – La Ley de Presupuesto General consta de
tres Títulos, a saber:

Título I.- Presupuesto de Recursos y Gastos de la
Administración Central y las Comunas.

Título II.- Presupuestos de Recursos y Gastos de los
Organismos Descentralizados y entidades autárquicas.

Título III.- Disposiciones Generales.

Artículo 43 – Los Títulos I y II incluyen cuadros
agregados que permitan una visión global del presupuesto y sus principales
resultados.

El Título III, Disposiciones Generales, comprende las normas
complementarias de la Ley que rigen para cada ejercicio financiero, que se
relacionan directa o exclusivamente con la aprobación, ejecución y evaluación
del presupuesto del que forman parte. Debe incluir la determinación del monto
relevante al que se refiere el Artículo 132º último párrafo de la Constitución
de la Ciudad.

No pueden contener disposiciones de carácter permanente, no
puede reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos
u otros ingresos.

Artículo 44 – Se consideran como recursos del ejercicio
todos aquellos que se prevén recaudar durante el período en los organismos
autorizados a percibir dinero; los recursos provenientes de donaciones y
operaciones de crédito público, conforme lo determine la reglamentación, y los
excedentes de ejercicios anteriores que se estime existentes a la fecha de
cierre del ejercicio anterior al que se presupuesta.

Artículo 45 – Se consideran como gastos del ejercicio
todos aquellos que se devenguen en el período, se traduzcan o no en salidas de
dinero efectivo del Tesoro.

Artículo 46 – No se puede destinar específicamente el
producto de ningún rubro de ingresos con el fin de atender el pago de
determinados gastos.

Sólo podrán ser afectados para fines específicos los ingresos
provenientes de:

Artículo 47 – En la Ley de Presupuesto se fija
anualmente una partida para la atención de las erogaciones originadas en
sentencias judiciales.

PARTE SEGUNDA

DE LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO

Artículo 48 – El Poder Ejecutivo determina anualmente
los lineamientos generales para la formulación del Proyecto de Ley de
Presupuesto General.

A tales fines, practica una evaluación del cumplimiento de los
planes y políticas de la Ciudad y de su desarrollo. Define las prioridades que
enmarca la política presupuestaria en general y los proyectos o programas de
inversiones públicas, en particular.

Artículo 49 – Sobre la base de los anteproyectos
preparados por las jurisdicciones y entidades, y con los ajustes que resulten
necesario introducir, la Oficina de Presupuesto prepara el Proyecto de Ley de
Presupuesto General.

El proyecto de Ley debe contener, como mínimo, la siguientes
informaciones:

La reglamentación establece, en forma detallada, otras
informaciones a ser presentadas a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
por la Administración Central, los organismos descentralizados y los entes
autárquicos.

Artículo 50 – El Poder Ejecutivo presenta el Proyecto de
Ley de Presupuesto General a la Legislatura, antes del 30 de septiembre del año
anterior para el que rige, acompañado de un mensaje que contiene una relación de
los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones de la metodología
utilizada para las estimaciones de recursos y para la determinación de las
autorizaciones para gastar, así como las demás informaciones y elementos de
juicio que estime oportunos.

Artículo 51 – Si al inicio del ejercicio financiero no
se encuentra aprobado el Proyecto de Presupuesto General, rige el que estuvo en
vigencia el año anterior, con los siguientes ajustes que debe introducir el
Poder Ejecutivo:

Artículo 52 – Todo incremento del total del presupuesto
de gastos previstos en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, deberá
contar con el financiamiento respectivo.

PARTE TERCERA

DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Artículo 53 – Los créditos del presupuesto de gastos que
haya aprobado la Legislatura constituyen el límite máximo de las autorizaciones
disponibles para gastar.

En cada trimestre sólo podrán comprometerse gastos que
encuadren en los conceptos y límites de los créditos autorizados.

No pueden contraerse compromisos cuando el uso de los créditos
esté condicionado a la existencia de recursos especiales, sino en la medida de
su realización, salvo que, por su naturaleza, se tenga certeza de su realización
en el ejercicio o momento financiero.

Artículo 54 – Una vez aprobada la Ley de Presupuesto
General, el Poder Ejecutivo decreta la Distribución Administrativa del
Presupuesto de Gastos y remite esta información a la Legislatura.

La Distribución Administrativa consiste en la presentación
desagregada hasta el último nivel previsto en los clasificadores y categorías de
programación utilizadas, de los créditos y realizaciones contenidas en la Ley de
Presupuesto General.

Artículo 55 – Constituye compromiso el acto de autoridad
competente, ajustado a las normas legales, que dé origen a una obligación de
pagar una suma determinada de dinero, en virtud del cual, los créditos
presupuestarios se destinan definitivamente a la realización de aportes,
subsidios, transferencias o gastos para la ejecución de obras, la adquisición de
bienes, remuneraciones o contratación de servicios.

Artículo 56 – La liquidación es el procedimiento por el
cual se determina la suma cierta que debe pagarse por una obligación devengada.
La erogación está en condiciones de ser pagada cuando, por su concepto, calidad
y monto, corresponda al compromiso contraído, tomando como base la documentación
que demuestre el cumplimiento del mismo. No puede liquidarse suma alguna que no
corresponda a compromisos presupuestados y contraidos según los procedimientos
establecidos en esta Ley y normas reglamentarias.

Artículo 57 – Liquidadas las erogaciones se dispone su
pago mediante la emisión de la Orden de Pago correspondiente. Constituye Orden
de Pago el documento mediante el cual la autoridad competente dispone la entrega
de fondos.

Artículo 58 – Se considera gastado un crédito y
ejecutado el presupuesto por dicho concepto al devengarse el mismo.

Artículo 59 – Las jurisdicciones y entidades están
obligadas a llevar los registros de ejecución presupuestaria que le fije la
reglamentación. Como mínimo deben registrarse: el devengamiento y recaudación
efectiva de los recursos y el compromiso, devengamiento y pago de los
gastos.

El registro del compromiso se utiliza como mecanismo para
afectar preventivamente la disponibilidad de los créditos presupuestarios, y el
del pago, para reflejar la cancelación de las obligaciones asumidas.

Artículo 60 – No se pueden adquirir compromisos para los
cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de
los créditos para una función distinta a la prevista.

Artículo 61 – A los fines de garantizar una correcta
ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los resultados esperados con
los recursos disponibles, todas las jurisdicciones y entidades deben programar,
para cada ejercicio, la ejecución física y financiera de los presupuestos,
siguiendo las normas que fija la reglamentación y las disposiciones
complementarias y procedimientos que dictan los órganos rectores de los sistemas
de presupuesto y de tesorería.

Dicha programación debe ser ajustada y las respectivas cuotas
aprobadas por los órganos rectores en la forma y para los períodos que se
establezcan.

El monto total de las cuotas de compromisos fijadas para el
ejercicio no puede ser superior al monto de los recursos.

Artículo 62 – Facúltase al órgano coordinador de los
Sistemas de Administración Financiera a afectar los créditos presupuestarios de
las jurisdicciones, organismos descentralizados y entes autárquicos destinados
al pago de los servicios públicos.

Artículo 63 – La reglamentación establecerá los alcances
y mecanismos para efectuar las modificaciones a la Ley de Presupuesto General
que resulten necesarias durante su ejecución. Corresponde a la Legislatura
modificar la ley de Presupuesto General si resulta necesario durante su
ejecución, cuando afecte al total del presupuesto, al monto del endeudamiento
autorizado, así como incrementar los gastos corrientes en detrimento de los
gastos de capital o de las aplicaciones financieras, cambiar la distribución de
las funciones, y modificar el crédito total autorizado para las partidas de
«Transferencias» y las de «Personal» con excepción de los refuerzos originados
en el «Crédito Adicional».

Las demás modificaciones corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la
Resolución correspondiente.

(Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 801, BOCBA Nº
1497 del 05/08/2002)

Artículo 64 – Toda ley que autorice gastos no previstos
en la Ley de Presupuesto General debe determinar los recursos a utilizar para su
financiamiento.

El Poder Ejecutivo dispone la incorporación de tales gastos en
el Presupuesto General en vigencia y la autorización para gastar queda
comprendida en las respectivas normas de ejecución.

Artículo 65 – El Poder Ejecutivo puede disponer
autorizaciones para gastar no incluidas en la Ley de Presupuesto General para
atender al socorro inmediato en casos de epidemia, inundaciones, terremotos u
otras catástrofes.

En dichos casos debe convocar a la Legislatura para informar
estas autorizaciones acompañando los elementos de juicio que permitan apreciar
la imposibilidad de atender las situaciones que las motivaron dentro de las
previsiones ordinarias o con saldos disponibles en rubros presupuestarios
imputables, con indicación de los recursos afectados. Las autorizaciones así
dispuestas se incorporan al Presupuesto General.

Artículo 66 – Las sumas a recaudar que no pueden hacerse
efectivas por resultar incobrables, pueden ser declaradas tales por el Poder
Ejecutivo, una vez agotados los medios para lograr su cobro.

La declaración de incobrable no implicará la extinción de los
derechos de la Ciudad, ni de la responsabilidad en que pudiera incurrir el/la
funcionario/a o empleado/a recaudador/a o cobrador/a, si tal situación le fuera
imputable.

El decreto que declare la incobrabilidad de un crédito del
Gobierno de la Ciudad deberá ser fundado y contar en los antecedentes las
gestiones para el cobro.

Artículo 67 – El Poder Ejecutivo informará a la
Legislatura en forma trimestral y homogénea, dentro de los treinta (30) días
hábiles a contar desde la fecha de finalización del trimestre, respecto de la
ejecución presupuestaria, con el mayor nivel de desagregación que incluya la
ejecución financiera por programa compatible con la presentación del proyecto de
presupuesto.
La información podrá ser enviada en soporte magnético.

(Conforme texto Art. 1° de la Ley N° 2.060, BOCBA
N° 2527 del 20/09/2006)

PARTE CUARTA

DEL CIERRE DE CUENTAS

Artículo 68 – Las cuentas del Presupuesto General se
cierran el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha los recursos que se
recauden se consideran parte del presupuesto vigente, con independencia de la
fecha en que se origine la obligación de pago o liquidación de los mismos.

Con posterioridad al 31 de diciembre no pueden asumirse
compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra en esa
fecha.

Artículo 69 – Los gastos devengados y no pagados al 31
de diciembre de cada año se cancelan durante el año siguiente con cargo a las
disponibilidades en caja y bancos existentes a la fecha señalada.

Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de
cada año se afectan automáticamente al ejercicio siguiente, imputando los mismos
a los créditos disponibles para ese ejercicio.

La reglamentación establece los plazos y los mecanismos para la
aplicación de estas disposiciones.

Artículo 70 – Al cierre del ejercicio se reúne
información de los organismos responsables de la captación de recursos de la
Administración de la Ciudad y se procede al cierre del presupuesto de recursos
de la misma.

Del mismo modo deben proceder los organismos ordenadores de
gastos y pagos con el presupuesto de gastos.

Esta información, junto con el análisis de correspondencia
entre los gastos y la producción de bienes y servicios que prepara la Oficina de
Presupuesto, es centralizada en la Contaduría General para la rendición de
cuentas del ejercicio que debe remitir anualmente el Poder Ejecutivo a la
Legislatura, según lo dispuesto en el artículo 105º inc. 10 de la Constitución
de la Ciudad.

PARTE QUINTA

DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Artículo 71 – La Oficina de Presupuesto evalúa la
ejecución del Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad en forma trimestral
y a su cierre.

Para ello, las jurisdicciones y entidades deben:

Artículo 72 – Con base en la información que señala el
artículo anterior y la que suministre el Sistema de Contabilidad, la Oficina de
Presupuesto realiza un análisis crítico de los resultados físicos y financieros
obtenidos y de los efectos producidos por los mismos, interpreta las variaciones
operadas con respecto a lo programado, procura determinar sus causas y prepara
informes con recomendaciones para las autoridades superiores y los/las
responsables de los organismos afectados.

La reglamentación establece los métodos y procedimientos para
la aplicación de las disposiciones contenidas en esta Parte.

SECCION V

DEL REGIMEN PRESUPUESTARIO DE LAS EMPRESAS Y
SOCIEDADES

CON PARTICIPACION MAYORITARIA DEL ESTADO

Artículo 73 – Los directorios o máxima autoridad
responsable de las empresas y sociedades con participación mayoritaria del
Estado, aprueban el proyecto de presupuesto anual de su gestión y lo remiten a
la Oficina de Presupuesto, antes del 30 de septiembre del año anterior al que
rige. Los proyectos de presupuesto deben expresar las políticas generales y los
lineamientos específicos que, en materia presupuestaria, establezca el Poder
Ejecutivo y la autoridad de la jurisdicción correspondiente; contienen los
planes de acción, las estimaciones de gastos y su financiamiento, el presupuesto
de caja y los recursos humanos a utilizar, y permiten establecer los resultados
operativo, económico y financiero previstos para la gestión respectiva.

Artículo 74 – Los proyectos de presupuesto de
financiamiento y de gastos deben estar formulados utilizando el momento del
devengado de las transacciones como base contable.

Artículo 75 – La Oficina de Presupuesto analiza los
proyectos de presupuesto de las empresas y sociedades y prepara un informe
destacando si los mismos se encuadran en el marco de las políticas, planes y
estrategias fijadas y aconsejando los ajustes a practicar en el proyecto de
presupuesto si, a su juicio, la aprobación del mismo sin modificaciones puede
causar un perjuicio patrimonial al Estado o atentar contra los resultados de las
políticas y planes vigentes.

Artículo 76 – Los proyectos de presupuesto, acompañados
del informe mencionado en el artículo anterior, son sometidos a la aprobación
del Poder Ejecutivo de acuerdo con las modalidades y los plazos que establezca
la reglamentación. El Poder Ejecutivo aprueba, en su caso con los ajustes que
considere convenientes, antes del 31 de diciembre de cada año, los presupuestos
de las empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado.

Si las empresas y sociedades con participación mayoritaria del
Estado no presentan sus proyectos de presupuesto en el plazo previsto, la
Oficina de Presupuesto elabora de oficio los respectivos presupuestos y los
somete a consideración del Poder Ejecutivo.

Artículo 77 – Los/las representantes estatales que
integran los órganos de las empresas y sociedades con participación mayoritaria
del Estado, estatutariamente facultados para aprobar los respectivos
presupuestos, deben proponer y votar el presupuesto aprobado por el Poder
Ejecutivo.

Artículo 78 – El Poder Ejecutivo publica en el Boletín
Oficial una síntesis de los Presupuestos de las empresas y sociedades con
participación mayoritaria del Estado.

Artículo 79 – Las modificaciones a realizar a los
presupuestos de las empresas y sociedades del Estado durante su ejecución y que
impliquen la disminución de los resultados operativo o económico previstos, la
alteración sustancial de la inversión programada, o el incremento del
endeudamiento autorizado, deben ser aprobadas por el Poder Ejecutivo, previa
opinión de la Oficina de Presupuesto. En el marco de esta norma y con opinión
favorable de dicha Oficina, las empresas y sociedades establecen su propio
sistema de modificaciones presupuestarias.

Artículo 80 – Al cierre de cada ejercicio financiero las
empresas y sociedades proceden al cierre de cuentas de su presupuesto de
financiamiento y de gastos.

Artículo 81 – Las jurisdicciones o entidades del Sector
Público no pueden realizar aportes o transferencias a empresas y sociedades con
participación mayoritaria del Estado cuyo presupuesto no esté aprobado en los
términos de esta Ley, requisito que también es imprescindible para realizar
operaciones de crédito público.

SECCION VI

DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

DEL SECTOR PUBLICO

Artículo 82 – La Oficina de Presupuesto prepara
anualmente el Presupuesto Consolidado del Sector Público el cual presenta
información sobre las transacciones netas que realiza este sector con el resto
de la economía y contiene, como mínimo, la siguiente información:

El Presupuesto Consolidado del Sector Público es presentado al
Poder Ejecutivo antes del 31 de marzo del año de su vigencia. Una vez aprobado
por el Poder Ejecutivo, es remitido para conocimiento de la Legislatura.

CAPITULO III

DEL SISTEMA DE CREDITO PUBLICO

Artículo 83 – El Crédito Público se rige por las
disposiciones de esta Ley, su reglamentación y por las leyes que aprueban las
operaciones específicas.

Se entiende por Crédito Público la capacidad que tiene el
Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para
realizar inversiones, para atender casos de evidente necesidad de la Ciudad o
para reestructurar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos.

No se podrán realizar operaciones de crédito público para
financiar gastos operativos, salvo que se autoricen por ley específica.

A todos estos efectos, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
como banco oficial, será el agente financiero.

Artículo 84 – Las operaciones de crédito público son
aprobadas por Ley. Las operaciones que se aprueben deben tener base y objeto
determinado.

Artículo 85 – El endeudamiento que resulte de las
operaciones de crédito público se denomina deuda pública y puede originarse
en:

No se considera deuda pública las operaciones que se realicen
en el marco del artículo 107 de esta Ley.

Artículo 86 – A los efectos de esta Ley, la deuda
pública de la Administración de la Ciudad se clasifica en directa y contingente,
interna y externa.

La Deuda Pública Directa es aquella asumida por la
Administración de la Ciudad en calidad de deudor principal.

La Deuda Pública Contingente es la constituida por cualquier
persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la Administración de
la Ciudad, pero que cuente con su aval, fianza o garantía.

La Deuda Interna es aquella contraída con personas físicas o
jurídicas residentes o domiciliadas en la República Argentina y cuyo pago es
exigible dentro del territorio nacional.

La Deuda Externa es aquella contraída con otro Estado u
Organismo Internacional o con cualquier otra persona física o jurídica sin
residencia o domicilio en la República Argentina y cuyo pago es exigible fuera
de su territorio.

Artículo 87 – Ninguna entidad del Sector Público de la
Ciudad puede iniciar trámites para realizar operaciones de crédito público sin
la autorización previa del Poder Ejecutivo.

Artículo 88 – Las jurisdicciones y entidades de la
Ciudad de Buenos Aires no pueden formalizar ninguna operación de crédito público
que no esté autorizada por Ley.

La Ley de Presupuesto General debe indicar como mínimo las
siguientes características de las operaciones de crédito público autorizadas:
tipo de deuda, monto máximo autorizado para la operación, plazo mínimo de
amortización y destino del financiamiento.

Artículo 89 – Cumplido lo dispuesto en la Sección V del
Capítulo II, Título III de esta Ley, las empresas y sociedades del Estado pueden
realizar operaciones de crédito público dentro de los límites que fije su
responsabilidad patrimonial y de acuerdo con los indicadores que al respecto
establezca la reglamentación. Cuando estas operaciones requieran de avales,
fianzas o garantías de cualquier naturaleza de la Administración Central, la
autorización para su otorgamiento debe estar prevista en una Ley específica.

Artículo 90 – El Poder Ejecutivo fija las
características y condiciones no previstas en esta Ley para las operaciones de
crédito público que realicen las entidades del Sector Público.

Artículo 91 – Los avales, fianzas o garantías de
cualquier naturaleza, que las jurisdicciones o entidades otorguen a personas
ajenas al Sector Público, requieren una Ley. Se excluyen de esta disposición los
avales, finanzas o garantías que otorguen las instituciones financieras
públicas.

Artículo 92 – El Poder Ejecutivo puede realizar
operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su
consolidación, conversión o renegociación, sujeto a los términos del Artículo 81
inciso 6 de la Constitución de la Ciudad.

Artículo 93 – Son nulas las operaciones de crédito
público realizadas en contravención a las normas dispuestas en la presente Ley,
sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales de los/las
funcionarios/as que las autoricen.

Las obligaciones que se derivan de las mismas no serán
oponibles ni a la Administración Central ni a cualquier otra entidad contratante
del Sector Público de la Ciudad.

Artículo 94 – El órgano coordinador de los Sistemas de
Administración Financiera tiene la facultad de redistribuir o reasignar los
medios de financiamiento obtenidos mediante operaciones de crédito público,
siempre que así lo permitan las condiciones de la operación respectiva y las
normas presupuestarias.

Artículo 95 – La Oficina de Crédito Público es el órgano
rector del Sistema de Crédito Público. Tiene como misión asegurar la correcta
programación, utilización y contralor de los medios de financiamiento que se
obtengan por operaciones de crédito público.

Artículo 96 – Es competencia de la Oficina de Crédito
Público:

Artículo 97 – El servicio de la deuda está constituido
por la amortización del capital y el pago de los intereses, comisiones y otros
cargos que eventualmente puedan haberse convenido en las operaciones de crédito
público.

Los presupuestos de las entidades del Sector Público deben
formularse previendo los créditos necesarios para atender al servicio de la
deuda.

El Poder Ejecutivo puede debitar de las cuentas bancarias de
las entidades que no cumplan en término el servicio de la deuda pública, el
monto de dicho servicio y efectuarlo directamente.

CAPITULO IV

DEL SISTEMA DE TESORERIA

Artículo 98 – El Sistema de Tesorería está compuesto por
el conjunto de órganos, normas y procedimientos que intervienen en la
recaudación de los ingresos y en los pagos que configuran el flujo de fondos del
Sector Público, así como en la custodia de las disponibilidades que se
generen.

Artículo 99 – La Tesorería General es el órgano rector
del Sistema de Tesorería y, como tal coordina el funcionamiento de todas las
unidades o servicios de tesorería que operen en el Sector Público, dictando las
normas y procedimientos conducentes a ello.

Artículo 100 – La Tesorería General tiene competencia
para:

Artículo 101 – La Tesorería General está a cargo de un
Tesorero General que es asistido por un Tesorero General Adjunto, nombrados por
el Poder Ejecutivo.

Para ejercer ambos cargos se requiere título universitario en
alguna de las ramas de las ciencias económicas y experiencia en el área
financiera o de control, no menor a cinco años.

Artículo 102 – Funciona una tesorería central en cada
jurisdicción y entidad. Estas tesorerías centralizan la recaudación de las
distintas cajas de su ámbito, reciben los fondos puestos a disposición de las
mismas y cumplen los pagos que autorice el órgano competente.

Artículo 103 – Los fondos que administren las
jurisdicciones y entidades de la Administración de la Ciudad se depositan a la
orden conjunta del jefe/a y tesorero/a del servicio administrativo, o
funcionario/a que esté a cargo.

Artículo 104 – El órgano central de los Sistemas de
Administración Financiera instituye un sistema de cuenta única o de fondo
unificado, según lo estime conveniente, que le permita disponer de las
existencias de caja de todas las jurisdicciones y entidades de la
Administración, en el porcentaje que disponga la reglamentación de la Ley.

Artículo 105 – Los órganos de los poderes del Estado
pueden autorizar, para los gastos de menor cuantía, el funcionamiento de fondos
permanente y/o cajas chicas con el régimen y los límites que establezcan en sus
respectivas reglamentaciones, para ser utilizados en la atención de pagos cuya
característica, modalidad o urgencia no permita aguardar la respectiva previsión
de fondos.

Artículo 106 – A los efectos del artículo anterior, las
tesorerías correspondientes pueden entregar los fondos necesarios con carácter
de anticipo, formulando el cargo correspondiente a sus receptores. No pueden
reponerse fondos hasta tanto no se rindan los gastados.

Artículo 107 – La Tesorería General puede emitir Letras
del Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que
fije anualmente la Ley de Presupuesto General.

Artículo 108 – Las letras del Tesoro deben ser
reembolsadas durante el mismo ejercicio financiero en que se emiten. De
superarse ese lapso sin ser reembolsadas se transformarán en deuda pública y
debe cumplirse para ello con los requisitos que al respecto se establecen en
esta Ley.

CAPITULO V

DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD

Artículo 109 – El Sistema de Contabilidad está integrado
por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos
utilizados para recopilar, valuar, procesar y exponer los hechos económicos que
afecten, o puedan llegar a afectar, el patrimonio del Sector Público de la
Ciudad.

Artículo 110 – Todos los actos u operaciones
comprendidos en la presente Ley deben hallarse respaldados por medio de
documentos y registrarse contablemente de modo que permitan la confección de
cuentas, estados demostrativos y balances que hagan factible su medición y
juzgamiento.

Todos los gastos que se liquiden en el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires deben observar el requisito de rendición de cuentas.

Artículo 111 – El Sistema de Contabilidad tiene por
objeto:

Artículo 112 – El Sistema de Contabilidad tiene las
siguientes características generales:

Artículo 113 – La Contaduría General es el órgano rector
del Sistema de Contabilidad Gubernamental responsable de dictar normas, poner en
funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del Sector Público
.

Artículo 114 – La Contaduría General está a cargo de
un/a Contador/a General que es asistido/a por un/a Contador/a General Adjunto/a,
debiendo ser ambos/as designados/as por el Poder Ejecutivo. Para ejercer dichos
cargos se requerirá título universitario de Contador/a Público/a, con
experiencia en materia Finaciero-Contable no menor a cinco años.

Artículo 115 – La Contaduría General tiene competencia
para:

Artículo 116 – Dentro de los cuatro (4) meses de
concluido el ejercicio financiero, las entidades del Sector Público, excluida la
Administración Central, deben entregar a la Contaduría General, los estados
contables financieros del ejercicio anterior, con las notas y anexos que
correspondan.

Artículo 117 – La Contaduría General organiza y mantiene
en operación un sistema permanente de compensación de deudas
intergubernamentales, que permita reducir al mínimo posible los débitos y
créditos existentes entre las entidades y la Administración Pública.

Artículo 118 – La Cuenta de Inversión será remitida a la
Legislatura una vez al año, antes del cuarto (4º) mes de las sesiones
ordinarias, junto con el respectivo informe del Síndico General.

La cuenta de inversión contiene como mínimo:

Si al clausurarse el quinto período ordinario de sesiones
posterior a su presentación, no existiere pronunciamiento de la Legislatura, la
rendición de cuentas se considerará automáticamente aprobada.

TITULO IV

SISTEMAS DE CONTROL

Artículo 119 – La Ciudad cuenta con un modelo de control
integral e integrado, que abarca los aspectos presupuestarios, económicos,
financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, la evaluación de programas,
proyectos y operaciones y está fundado en los principios de economía, eficiencia
y eficacia. Comprende el control interno y externo del sector público, que opera
de manera coordinada en la elaboración y aplicación de sus normas.

CAPITULO I

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD

Artículo 120 – El Sistema de Control Interno comprende
el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma
coordinada adopta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en todas las
jurisdicciones que componen la administración central y descentralizada,
cualquiera fuera su modalidad, con los siguientes propósitos:

Artículo 121 – El Sistema de Control Interno queda
conformado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, órgano
normativo, de supervisión y coordinación y por las unidades de auditoría interna
de cada jurisdicción y entidades que dependan del Poder Ejecutivo. Estas
unidades dependen jerárquicamente de la autoridad superior de cada organismo y
actúan coordinadas técnicamente por la Sindicatura General.

Artículo 122 – El titular de cada jurisdicción o entidad
dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es responsable de la
implantación y mantenimiento de :

Artículo 123 – La Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, tiene las siguientes
funciones:

Artículo 124 – La Sindicatura General puede contratar
estudios de consultoría y auditoría bajo específicos términos de referencia,
reservándose la planificación y control de los trabajos a efectuar, así como el
cuidado de la calidad del informe final. Los profesionales en forma individual u
organizados en firmas de auditoría o consultoria deberán necesariamente estar
inscriptos en el registro central.

Artículo 125 – La Sindicatura General podrá requerir en
el ámbito de su competencia, la información que le sea necesaria, para el
cumplimiento de sus funciones. Para ello todos los agentes y autoridades del
sector público prestarán su colaboración, considerándose la conducta adversa
como falta grave.

Artículo 126 – El activo de la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires está compuesto por todos los bienes que le asigne el Jefe
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por todos aquellos que le sean
transferidos o adquiera por cualquier causa jurídica.

Artículo 127 – La Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires debe informar:

Artículo 128 – El/la Síndico/a General de la Ciudad de
Buenos Aires puede ser asistido por Síndicos/as Generales Adjuntos/as, quienes
los sustituirán en caso de ausencia o impedimento en el orden de prelación que
él mismo determine. El Jefe/a de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fija su
cantidad y los designa y los remueve, como lo hace con el Síndico General.

Artículo 129 – Para ser Síndico/a General o Síndico/a
General Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires se requerirá poseer título
universitario en ciencias económicas o derecho y contar con calificada
experiencia en temas jurídicos, económicos, contables, financieros y de gestión
vinculados al sector público no inferior a cinco años.

Artículo 130 – El/la Síndico/a General tiene las
siguientes atribuciones y responsabilidades:

CAPITULO II

SISTEMA DE CONTROL EXTERNO

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD

Artículo 131 – La Auditoría General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ente de control externo posterior del Sector Público
de la Ciudad, dependiente de la Legislatura, es un órgano colegiado formado por
siete (7) miembros que cuenta con personería jurídica, legitimación procesal y
autonomía funcional y financiera.

Emite informes y dictámenes sobre los estados contables
financieros y sobre la cuenta de inversión, en sus aspectos económicos,
financieros, patrimoniales, de sistemas informáticos, de gestión y de
legalidad.

Su patrimonio está compuesto por todos los bienes que le asigne
el Estado de la Ciudad, los adquiridos con fondos propios y por aquellos que le
sean transferidos por cualquier causa jurídica.

Artículo 132 – La Auditoría General de la Ciudad ejerce
su competencia sobre el sector público centralizado y descentralizado,
cualquiera fuera su modalidad de organización, sobre las empresas, sociedades o
entes en los que la Ciudad tenga participación, los entes privados
adjudicatarios de procesos de privatización y concesión en cuanto a las
obligaciones emergentes de los respectivos contratos, así como todo ente que
perciba, gaste o administre fondos públicos en virtud de una norma legal o con
una finalidad pública.

Artículo 133 – (Derogado por Art. 17 de la Ley Nº 1.007, BOCBA Nº 1599 del
30/12/2002).

Artículo 134 – La Auditoría General de la Ciudad
establece su estructura orgánica, sus normas básicas y la distribución de
funciones y las eleva a la Legislatura a los fines de su conocimiento.

Artículo 135 – El Poder Ejecutivo deberá remitir en
tiempo y forma a la Auditoría General de la Ciudad los recursos que ésta le
solicite para el efectivo cumplimiento de sus competencias, dentro de la
asignación presupuestaria.

Artículo 136 – La Auditoría General de la Ciudad tiene
las siguientes funciones:

Artículo 137 – La Auditoría General de la Ciudad es la
entidad encargada de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 56
in fine de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 138 – Los/as Auditores/as Generales son
designados por la Legislatura, por el voto de la mayoría absoluta de sus
miembros a propuesta de los representantes de los partidos políticos o alianzas
de la Legislatura, respetando su proporcionalidad. Los/as legisladores/as del
partido político o alianza opositora con mayor representación numérica en el
cuerpo proponen al Auditor/a General que ejerce la presidencia del organismo.

La integración del cuerpo debe adecuarse a lo dispuesto en el
artículo 36 in fine de la Constitución de la Ciudad.

El Cuerpo toma sus decisiones en forma colegiada por mayoría
absoluta del total de sus miembros. El/la Presidente/a vota y tiene doble voto
en caso de empate.

Artículo 139 – Para ser Auditor/a General, se debe
cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 70 de la Constitución de
la Ciudad, tener título universitario y contar con probada experiencia en temas
jurídicos, económicos, contables, financieros o de gestión, vinculados al Sector
Público

Artículo 140 – La Legislatura dispone el reemplazo del
Presidente/a, quien continuará como Auditor/a General, cuando haya sido
propuesto por el mismo partido político o alianza a la que pertenece el/la
Jefe/a de Gobierno, de acuerdo con el mecanismo previsto en el artículo 138 de
la presente Ley.

Artículo 141 – Los/las Auditores/as Generales, duran
cuatro (4) años en su función y pueden ser reelegidos/as por una sola vez.

Perciben igual remuneración que los diputados o diputadas de la
Ciudad.

En caso de vacante la Legislatura la cubrirá para completar el
período, en un plazo no mayor de sesenta (60) días de producida, a propuesta del
partido político o alianza que propuso al Auditor/a General saliente.

Artículo 142 – Los/las Auditores/as Generales sólo
pueden ser removidos/as, con el voto de las dos terceras partes del total de los
miembros de la Legislatura, por inconducta grave o mal desempeño en el ejercicio
de sus funciones o procesamiento firme por delito doloso o imposibilidad
material de cumplir con sus funciones. En cualquier caso debe asegurarse el
previo ejercicio del derecho a defensa.

Artículo 143 – Los/las Auditores/as Generales están
alcanzados/as por las incompatibilidades e inhabilidades establecidas en los
artículos 57, 72 y 73 de la Constitución de la Ciudad.

Artículo 144 – Son atribuciones y deberes de los/as
Auditores/as Generales reunidos en Colegio:

Artículo 145 – El/la Presidente/a ejerce la
representación legal e institucional de la Auditoría General de la Ciudad y
tiene a su cargo la ejecución de las decisiones del colegio. Expone los informes
a la Legislatura antes del 1º de abril y del 1º de octubre de cada año.

Artículo 146 – La Auditoría establecerá un sistema de
intercambio de información con las demás entidades de control debiendo remitir
el informe de auditoría a los organismos de control con competencia en el área
auditada, con el objeto de lograr la coordinación y cooperación en el control
del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, podrá establecer sistemas de intercambio de
información con organismos de control de extraña jurisdicción.

Artículo 147 – Todo funcionario/a que obstaculice las
tareas de la Auditoría, demorase injustificadamente o no le brindare
información, documentación o colaboración incurre en mal desempeño de sus
funciones, susceptible de habilitar el juicio político previsto en el Artículo
92 de la Constitución de la Ciudad, o la del sumario administrativo según el
caso, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera caberle a
los funcionarios.

Artículo 148 – Los dictámenes, informes, resoluciones y
la memoria anual de la AGC son públicos y de acceso irrestricto y no pueden ser
objeto de recurso administrativo.

Artículo 149 – La presente ley entra en vigencia a
partir del día siguiente a su publicación.

CLAUSULAS TRANSITORIAS

Primera: Las disposiciones contenidas en los Títulos II
y III de la presente Ley deberán tener principio de ejecución a partir del
primer ejercicio financiero que se inicie con posterioridad a su sanción.

Segunda: La Ley de Presupuesto Participativo será
sancionada en el año 1998.

Tercera: Hasta tanto no se sancione una Ley que regule
el sistema de contrataciones del Estado y que organice la administración de sus
bienes, continuará rigiendo la normativa vigente a la fecha de la sanción de
esta Ley.

Cuarta: Los artículos 131º al 148º, ambos inclusive, de
la presente Ley no serán objeto de reglamentación por parte del Poder
Ejecutivo.

Quinta: Dentro del plazo de noventa (90) días desde la
designación de los/las primeros/as auditores/as, éstos/as deberán elevar a la
Legislatura, para su aprobación por única vez, la normativa prevista en el
Artículo134º de la presente Ley.

Sexta: La Legislatura dispondrá por primera vez la
modalidad de selección del personal que conformará la Auditoría General de la
Ciudad, tomando en consideración criterios de especialización técnica y
operatoria. Los cargos del personal de apoyo serán cubiertos dando prioridad a
los/las agentes que integran el Fondo de Transición Legislativa.

Artículo 150 – Comuníquese, etc.

ANIBAL IBARRA

MIGUEL ORLANDO GRILLO

LEY N° 70

Sanción: 27/08/1998

Promulgación: Decreto N° 1.843 del 21/09/1998

Publicación: BOCBA N° 539 del 29/09/1998

Reglamentación: Decreto 1000 del
19/05/1999

Publicación: BOCBA 704 del 31/05/1999