Ley 24.193
LEY DE ABLACION E IMPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS
BUENOS AIRES, 24 de Marzo de 1993
BOLETIN OFICIAL, 26 de Abril de 1993
Vigentes
Decreto Reglamentario
Decreto Nacional 512/95
(B.O. 17-4-95)
I – DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1 – La ablación de órganos y tejidos para su implantación de cadáveres humanos a seres humanos y entre seres humanos, se rige por las disposiciones de esta ley en todo el territorio de la República.
Exceptúase de lo previsto por la presente, los tejidos naturalmente renovables o separables del cuerpo humano con salvedad de la obtención y preservación de células progenitoras hematopoyéticas y su posterior implante a seres humanos, que quedará regida por esta ley.
Entiéndense alcanzadas por la presente norma a las nuevas, prácticas o técnicas que la autoridad de aplicación reconozca que se encuentran vinculadas con la implantación de órganos o tejidos en seres humanos. Considérase comprendido al xenotransplante en las previsiones del párrafo precedente cuando cumpliera las condiciones que oportunamente determinare la autoridad de aplicación:
Modificado por: Ley 26.066 Art.2 (B.O. 22/12/2005)
ARTICULO 2 – La ablación e implantación de órganos y tejidos podrán ser realizadas cuando los otros medios y recursos disponibles se hayan agotado, o sean insuficientes o inconvenientes como alternativa terapéutica de la salud del paciente. Estas prácticas se considerarán de técnica corriente y no experimental.
La reglamentación podrá incorporar otras que considere necesarias de acuerdo con el avance médico-científico.
II – DE LOS PROFESIONALES (artículos 3 al 8)
ARTICULO 3 – Los actos médicos referidos a trasplantes contemplados en esta ley sólo podrán ser realizados por médicos o equipos médicos registrados y habilitados al efecto por ante la respectiva autoridad de contralor jurisdiccional. Esta exigirá, en todos los casos, como requisito para la referida inscripción, la acreditación suficiente, por parte del médico, de capacitación y experiencia en la especialidad. La autoridad de contralor jurisdiccional será responsable por los perjuicios que se deriven de la inscripción de personas que no hubieren cumplido con tales recaudos.
ARTICULO 4.- Los equipos de profesionales médicos estarán a cargo de un jefe, a quien eventualmente reemplazará un subjefe, siendo sus integrantes solidariamente responsables del cumplimiento de esta ley.
ARTICULO 5.- Las instituciones en las que desarrollen su actividad trasplantológica los médicos o equipos médicos, serán responsables en cuanto a los alcances de este cuerpo legal.
ARTICULO 6 – La autorización a jefes y subjefes de equipos y profesionales será otorgada por la autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente, la cual deberá informar de la gestión a la autoridad sanitaria nacional a fin de mantener la integridad del sistema.
ARTICULO 7 – Los médicos de instituciones públicas o privadas que realicen tratamientos de diálisis deberán informar semestralmente al Ministerio de Salud y Acción Social a través del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), la nómina de pacientes hemodializados, sus condiciones y características.
ARTICULO 8 – Todo médico que diagnosticare a un paciente una enfermedad susceptible de ser tratada mediante un implante, deberá denunciar el hecho a la autoridad de contralor dentro del plazo que determine la reglamentación.
III – DE LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS (artículos 9 al 12)
ARTICULO 9 – Los actos médicos contemplados en esta ley sólo podrán ser realizados en el ámbito de establecimientos médicos registrados por ante la respectiva autoridad de contralor jurisdiccional. Esta exigirá, en todos los casos, como requisito para la referida inscripción, la acreditación suficiente por parte del establecimiento de que cuenta con la adecuada infraestructura física e instrumental, así como con el personal calificado necesario en la especialidad, y el número mínimo de médicos inscriptos en el registro que prescribe el artículo 3, conforme lo determine la reglamentación. La autoridad de contralor jurisdiccional será solidariamente responsable por los perjuicios que se deriven de la inscripción de establecimientos que no hubieren cumplido con los expresados recaudos.
ARTICULO 10.- La inscripción a que se refiere el artículo 9 tendrá validez por períodos no mayores de dos (2) años. Su renovación sólo podrá efectuarse previa inspección del establecimiento por parte de la autoridad de contralor jurisdiccional, y acreditación por parte del mismo de seguir contando con los recaudos mencionados en el artículo anterior. Las sucesivas renovaciones tendrán validez por iguales períodos. La autoridad de contralor jurisdiccional será solidariamente responsable por los perjuicios que se deriven de la renovación de inscripciones de establecimientos sin que se hubieran cumplido los requisitos de este artículo.
ARTICULO 11. – Los establecimientos inscriptos conforme a las disposiciones de los artículos 9 y 10 llevarán un registro de todos los actos médicos contemplados en la presente ley que se realicen en su ámbito. La reglamentación determinará los requisitos de ese registro.
ARTICULO 12. – Los servicios o establecimientos habilitados a los efectos de esta ley, no podrán efectuar modificaciones que disminuyan las condiciones de habilitación.
IV – DE LA PREVIA INFORMACION MEDICA A DADORES Y RECEPTORES
ARTICULO 13. – Los jefes y subjefes de los equipos, como asimismo los profesionales a que se refiere el artículo 3º deberán informar a los donantes vivos y a los receptores y en caso de ser estos últimos incapaces, a su representante legal o persona que detente su guarda, de manera suficiente, clara y adaptada a su nivel cultural, sobre los riesgos de la operación de ablación e implante -según sea el caso-, sus secuelas físicas y psíquicas ciertas o posibles, la evolución previsible y las limitaciones resultantes, así como las posibilidades de mejoría que, verosímilmente, puedan resultar para el receptor.
En caso de que los donantes y receptores no se opongan, la información será suministrada también a su grupo familiar en el orden y condiciones previstos por el artículo 21 de la ley 24.193 y modificatoria.
Luego de asegurarse que la información ha sido comprendida por los sujetos destinatarios de la misma, dejarán a la libre voluntad de cada uno de ellos la decisión que corresponda adoptar. Del cumplimiento de este requisito, de la decisión del dador, de la del receptor y de la del representante legal cuando correspondiere, así como de la opinión médica sobre los mencionados riesgos, secuelas, evolución, limitaciones y mejoría, tanto para el dador como para el receptor, deberá quedar constancia documentada de acuerdo con la normativa a establecerse reglamentariamente.
De ser incapaz el receptor o el dador en el caso de transplante de médula ósea, la información prevista en este artículo deberá ser dada, además, a su representante legal.
En los supuestos contemplados en el Título V el lapso entre la recepción de la información y la operación respectiva no podrá ser inferior a CUARENTA Y OCHO (48) horas.
Tratándose del supuesto contemplado en el artículo 21, respecto de donantes cadavéricos, la información será suministrada a las persona s que allí se enumeran, en las formas y condiciones que se describen en el presente artículo, al solo efecto informativo.
Modificado por: Ley 26.066 Art.3 (B.O. 22/12/2005)
V – DE LOS ACTOS DE DISPOSICION DE ORGANOS O TEJIDOS
PROVENIENTES DE PERSONAS (artículos 14 al 18)
ARTICULO 14. – La extracción de órganos o tejidos en vida con fines de trasplante entre personas relacionadas conforme a las previsiones de los artículos 15 y concordantes de la presente ley, estará permitida sólo cuando se estime que razonablemente no causará un grave perjuicio a la salud del dador y existan perspectivas de éxito para conservar la vida o mejorar la salud del receptor. Esta extracción siempre deberá practicarse previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.
La reglamentación establecerá los órganos y tejidos que podrán ser objeto de ablación, excepto los incluidos especialmente en esta ley.
ARTICULO 15. – Sólo estará permitida la ablación de órganos o tejidos en vida con fines de trasplante sobre una persona capaz mayor de dieciocho (18) años, quien podrá autorizarla únicamente en caso de que el receptor sea su pariente consanguíneo o por adopción hasta el cuarto grado, o su cónyuge, o una persona que, sin ser su cónyuge, conviva con el donante en relación de tipo conyugal no menos antigua de tres (3) años, en forma inmediata, continua e ininterrumpida. Este lapso se reducirá a dos (2) años si de dicha relación hubieren nacido hijos.
En todos los casos será indispensable el dictamen favorable del equipo médico a que se refiere el artículo 3.
De todo lo actuado se labrarán actas, por duplicado, un ejemplar de las cuales quedará archivado en el establecimiento, y el otro será remitido dentro de las setenta y dos (72) horas de efectuada la ablación a la autoridad de contralor. Ambos serán archivados por un lapso no menor de diez (10) años.
En los supuestos de implantación de médula ósea, cualquier persona capaz mayor de dieciocho (18) años podrá disponer ser dador sin las limitaciones de parentesco establecidas en el primer párrafo del presente artículo. Los menores de dieciocho (18) años -previa autorización de su representante legal- podrán ser dadores sólo cuando los vincule al receptor un parentesco de los mencionados en el citado precepto.
El consentimiento del dador o de su representante legal no puede ser sustituido ni complementado; puede ser revocado hasta el instante mismo de la intervención quirúrgica, mientras conserve capacidad para expresar su voluntad, ante cuya falta la ablación no será practicada.
La retractación del dador no genera obligación de ninguna clase.
ARTICULO 16. – En ningún caso los gastos vinculados con la ablación y/o el implante estarán a cargo del dador o de sus derechohabientes. Dichos gastos estarán a cargo de las entidades encargadas de la cobertura social o sanitaria del receptor, o de éste cuando no la tuviera.
Las entidades encargadas de la cobertura social o empresas privadas de medicina prepaga deberán notificar fehacientemente a sus beneficiarios si cubre o no sus gastos.
ARTICULO 17. – Las inasistencias en las que incurra el dador, con motivo de la ablación, a su trabajo y/o estudios, así como la situación sobreviniente a la misma, se regirán por las disposiciones que sobre protección de enfermedades y accidentes inculpables establezcan los ordenamientos legales, convenios colectivos o estatutos que rijan la actividad del dador, tomándose siempre en caso de duda aquella disposición que le sea más favorable.
ARTICULO 18. – Cuando por razones terapéuticas fuere imprescindible ablacionar a personas vivas órganos o tejidos anatómicos que pudieren ser implantados en otra persona, se aplicarán las disposiciones que rigen para los órganos provenientes de cadáveres. La reglamentación determinará taxativamente los supuestos concretos a los que se refiere el presente párrafo.
Cuando se efectúe un trasplante cardiopulmonar en bloque proveniente de dador cadavérico, la autoridad de contralor podrá disponer del corazón del receptor para su asignación en los términos previstos en la presente ley.
VI – DE LOS ACTOS DE DISPOSICION DE ORGANOS O TEJIDOS CADAVERICOS
ARTICULO 19. – Toda persona podrá en forma expresa:
1. Manifestar su voluntad negativa o afirmativa a la ablación de los órganos o tejidos de su propio cuerpo.
2. Restringir de un modo específico su voluntad afirmativa de ablación a determinados órganos y tejidos.
3. Condicionar la finalidad de la voluntad afirmativa de ablación a alguno o algunos de los fines previstos en esta ley -implante en seres humanos vivos o con fines de estudio o investigación -.
Modificado por: Ley 26.066 Art.4 (B.O. 22/12/2005)
Artículo 19 bis: La ablación podrá efectuarse respecto de toda persona capaz mayor de DIECIOCHO (18) años que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos, la que será respetada cualquiera sea la forma en la que se hubiere manifestado.
Este artículo entrará en vigencia transcurridos NOVENTA (90) días de ejecución de lo establecido en el artículo 13 de esta ley, que modifica el artículo 62 de la ley 24.193.
Incorporado por: Ley 26.066 Art.5 (B.O. 22/12/2005)
Artículo 19 ter: En caso de fallecimiento de menores de DIECIOCHO (18) años, no emancipados, sus padres o su representante legal, exclusivamente, podrán autorizar la ablación de sus órganos o tejidos especificando los alcances de la misma.
El vínculo familiar o la representación que se invoque será acreditado, a falta de otra prueba, mediante declaración jurada, la que tendrá carácter de instrumento público, debiendo acompañarse dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas la documentación respectiva.
La falta de consentimiento de alguno de los padres eliminará la posibilidad de autorizar la ablación en el cadáver del menor.
En ausencia de las personas mencionadas precedentemente, se dará intervención al Ministerio Pupilar, quien podrá autorizar la ablación.
De todo lo actuado se labrará acta y se archivarán en el establecimiento las respectivas constancias, incluyendo una copia certificada del documento nacional de identidad del fallecido. De todo ello, se remitirán copias certificadas a la autoridad de contralor. Las certificaciones serán efectuadas por el Director del establecimiento o quien lo reemplace. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente párrafo hará pasible a los profesionales intervinientes de la sanción establecida en el artículo 29.
Modificado por: Ley 26.066 Art.6 (B.O. 22/12/2005)
ARTICULO 20. – Todo funcionario del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas estará obligado a recabar de las personas capaces, mayores de DIECIOCHO (18) años que concurran ante dicho organismo a realizar cualquier trámite, la manifestación de su voluntad positiva o negativa en los términos del artículo 19 y 19 bis o su negativa a expresar dicha voluntad. El interesado deberá responder el requerimiento.
Dicha manifestación o su negativa a expresarla, será asentada en el documento nacional de identidad del declarante y se procederá a comunicarla en forma inmediata al Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), dejando en todos los casos clara constancia de las limitaciones especificadas por el interesado, si las hubiera.
La reglamentación establecerá otras formas y modalidades que faciliten la manifestación e impulsará la posibilidad de recabar el consentimiento en ocasión de los actos eleccionarios.
Todo establecimiento asistencial público o privado obrará, a los efectos de este artículo, como delegación del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), siendo ésta condición para su habilitación.
La Policía Federal y el Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), deberán registrar en el documento nacional de identidad la voluntad del dador debiendo comunicar dicha circunstancia dentro de los CINCO (5) días al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
El Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima, a solicitud de cualquier ciudadano mayor de DIECIOCHO (18) años, expedirá en forma gratuita telegrama o carta documento al Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), con copia al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en la que conste la notificación del remitente de su negativa a donar los órganos. El Correo deberá dejar constancia en el Documento Nacional de Identidad del remitente de la notificación efectuada.
Modificado por: Ley 26.066 Art.7 (B.O. 22/12/2005)
ARTICULO 21.- En caso de muerte natural, y no existiendo manifestación expresa del difunto, deberá requerirse de las siguientes personas, en el orden en que se las enumera siempre que estuviesen en pleno uso de sus facultades mentales, testimonio sobre la última voluntad del causante, respecto a la ablación de sus órganos y/o a la finalidad de la misma.
a) El cónyuge no divorciado que convivía con el fallecido, o la persona que sin ser su cónyuge convivía con el fallecido en relación de tipo conyugal no menos antigua de TRES (3) años, en forma continua e ininterrumpida;
b) Cualquiera de los hijos mayores de DIECIOCHO (18) años
c) Cualquiera de los padres; d) Cualquiera de los hermanos mayores de DIECIOCHO (18) años
e) Cualquiera de los nietos mayores de DIECIOCHO (18) años
f) Cualquiera de los abuelos
g) Cualquier pariente consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive
h)Cualquier pariente por afinidad hasta el segundo grado inclusive
i) El representante legal, tutor o curador
Conforme la enumeración establecida precedentemente y respetando el orden que allí se establece, las personas que testimonien o den cuenta de la última voluntad del causante que se encuentren en orden más próximo excluyen el testimonio de las que se encuentren en un orden inferior. En caso de resultar contradicciones en los testimonios de las personas que se encuentren en el mismo orden, se estará a lo establecido en el artículo 19 bis.
La relación con el causante y el testimonio de su última voluntad, serán acreditados, a falta de otra prueba, mediante declaración jurada, la que tendrá carácter de instrumento público, debiendo acompañarse dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas la: documentación respectiva, cuando correspondiere.
Modificado por: Ley 26.066 Art.8 (B.O. 22/12/2005)
ARTICULO 22.- En caso de muerte violenta la autoridad competente adoptará los recaudos tendientes a ubicar a las personas enumeradas en el artículo anterior a efectos que los mismos den cuenta o testimonien la última voluntad del causante, debiendo dejar debidamente acreditada la constancia de los medios y mecanismos utilizados para la notificación en tiempo y forma a los familiares a efectos de testimoniar o dar cuenta de la última voluntad del presunto donante.
El juez que entiende en la causa ordenará en el lapso de SEIS (6) horas a partir del fallecimiento la intervención del médico forense, policial o quien cumpla tal función, a fin de dictaminar si los órganos o tejidos que resulten aptos para ablacionar no afectarán el examen autopsiano.
Aun existiendo autorización expresa del causante o el testimonio referido en el artículo 21 dentro de las SEIS (6) horas de producido el deceso, el juez informará al Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) o al organismo jurisdiccional correspondiente la autorización para llevar a cabo la realización de la ablación, a través de resolución judicial fundada, con especificación de los órganos o tejidos autorizados a ablacionar de conformidad con lo dictaminado por el mismo forense.
Una negativa del magistrado interviniente para autorizar la realización de la ablación deberá estar justificada conforme los requisitos exigidos en la presente ley.
En el supuesto de duda sobre la existencia de autorización expresa del causante el juez podrá requerir del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) o del organismo jurisdiccional correspondiente los informes que estime menester.
Modificado por: Ley 26.066 Art.9 (B.O. 22/12/2005)
Antecedentes: Ley 25.281 Art.1 (B.O. 2-8-00) SUSTITUIDO
ARTICULO 22 Bis.- El equipo de profesionales médicos a que se refiere el artículo 4 en ningún caso actuará juntamente con los médicos forenses, debiendo quedar a lo que resulte de la decisión judicial.
El jefe, subjefe o el mimbro que aquellas designen del equipo que realice la ablación deberá informar de inmediato y pormenorizadamente al juez interviniente:
a) Los órganos ablacionados en relación con los autorizados a ablacionar.
b) El estado de los mismos, como así también el eventual impedimento de ablacionar alguno de los órganos autorizados.
c) Las demás circunstancias del caso que establezca la reglamentación.
En el cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores serán solidariamente responsables la totalidad de los profesionales integrantes del equipo de ablación.
El Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante -INCUCAI- o el organismo jurisdiccional correspondiente deberá informarle el destino dado a cada órgano o tejidos ablacionado, la identificación regional, el establecimiento asistencial al que va dirigido, el equipo responsable del transporte y los datos identificatorios del o de los pacientes receptores.
Incorporado por: Ley 25.281 Art.2 (B.O. 2-8-00)
ARTICULO 23.- El fallecimiento de una persona se considerará tal cuando se verifiquen de modo acumulativo los siguientes signos, que deberán persistir ininterrumpidamente seis (6) horas después de su constatación conjunta:
a) Ausencia irreversible de respuesta cerebral, con pérdida absoluta de conciencia;
b) Ausencia de respiración espontánea
c) Ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas
d) Inactividad encefálica corroborada por medios técnicos y/o instrumentales adecuados a las diversas situaciones clínicas, cuya nómina será periódicamente actualizada por el Ministerio de Salud y Acción Social con el asesoramiento del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).
La verificación de los signos referidos en el inciso d) no será necesaria en caso de paro cardiorespiratorio total e irreversible.
ARTICULO 24.- A los efectos del artículo anterior, la certificación del fallecimiento deberá ser suscripta por dos (2) médicos, entre los que figurará por lo menos un neurólogo o neurocirujano. Ninguno de ellos será el médico o integrará el equipo que realice ablaciones o implantes de órganos del fallecido.
La hora del fallecimiento será aquella en que por primera vez se constataron los signos previstos en el artículo 23.
ARTICULO 25.- El establecimiento en cuyo ámbito se realice la ablación estará obligado a:
a) Arbitrar todos los medios a su alcance en orden a la restauración estética del cadáver, sin cargo alguno a los sucesores del fallecido
b) Realizar todas las operaciones autorizadas dentro del menor plazo posible, de haber solicitado los sucesores del fallecido la devolución del cadáver
c) Conferir en todo momento al cadáver del donante un trato digno y respetuoso.
ARTICULO 26. – Todo médico que mediante comprobaciones idóneas tomare conocimiento de la verificación en un paciente de los signos descriptos en el artículo 23, está obligado a denunciar el hecho al director o persona a cargo del establecimiento, y ambos deberán notificarlo en forma inmediata a la autoridad de contralor jurisdiccional o nacional, siendo solidariamente responsables por la omisión de dicha notificación.
VII – DE LAS PROHIBICIONES
ARTICULO 27.- Queda prohibida la realización de todo tipo de ablación cuando la misma pretenda practicarse:
a) Sin que se haya dado cumplimiento a los requisitos y previsiones de la presente ley
b) Sobre el cadáver de quien expresamente se hubiere manifestado en contrario para la ablación o en su caso, del órgano u órganos respecto de los cuales se hubiese negado la ablación, como asimismo cuando se pretendieren utilizar los órganos o tejidos con fines distintos a los autorizados por el causante. A tales fines se considerará que existe manifestación expresa en contrario cuando mediare el supuesto del artículo 21 de la presente ley. c) Sobre cadáveres de pacientes que hubieren estado internados en institutos neuropsiquiátricos
d) Sobre el cadáver de una mujer en edad gestacional, sin que se hubiere verificado previamente la inexistencia de embarazo en curso
e) Por el profesional que haya atendido y tratado al fallecido durante su última enfermedad, y por los profesionales médicos que diagnosticaron su muerte. Asimismo, quedan prohibidos
f) Toda contraprestación u otro beneficio por la dación de órganos o tejidos, en vida o para después de la muerte, y la intermediación con fines de lucro
g) La inducción o coacción al dador para dar una respuesta
afirmativa respecto a la dación de órganos.
El consejo médico acerca de la utilidad de la dación de un órgano o tejido, no será considerado como una forma de inducción o coacción
h) Los anuncios o publicidad en relación con las actividades mencionadas en esta ley, sin previa autorización de la autoridad competente, conforme a lo que establezca la reglamentación.
Modificado por: Ley 26.066 Art.10 (B.O. 22/12/2005) INCISO B) SUSTITUIDO
Antecedentes: Ley 25.281 Art.3 (B.O. 2-8-00) INC. B) SUSTITUIDO
VIII – DE LAS PENALIDADES
ARTICULO 28. – Será reprimido con prisión de seis (6) meses a cinco (5) años e inhabilitación especial de dos (2) a diez (10) años si el autor fuere un profesional del arte de curar o una persona que ejerza actividades de colaboración del arte de curar:
a) El que directa o indirectamente diere u ofreciere beneficios de contenido patrimonial o no, a un posible dador o a un tercero, para lograr la obtención de órganos o tejidos;
b) El que por sí o por interpósita persona recibiera o exigiera para sí o para terceros cualquier beneficio de contenido patrimonial o no, o aceptare una promesa directa o indirecta para sí o para terceros, para lograr la obtención de órganos o tejidos, sean o no propios
c) El que con propósito de lucro intermediara en la obtención de órganos o tejidos provenientes de personas o de cadáveres.
ARTICULO 29. – Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años e inhabilitación especial de dos (2) a diez (10) años si el autor fuere un profesional del arte de curar o una persona que ejerza actividades de colaboración del arte de curar quien extrajera indebidamente órganos o tejidos de cadáveres.
ARTICULO 30. – Será reprimido con prisión o reclusión de cuatro (4) años a perpetua el que extrajere órganos o tejidos de humanos vivos, sin dar cumplimiento a los requisitos y formalidades exigidos en el artículo 15, con excepción de la obligación prevista en el tercer párrafo de dicho artículo que será sancionada con la pena establecida en el artículo siguiente.
ARTICULO 31.- Será reprimido con multa de quinientos a cinco mil pesos ($ 500 a $ 5.000) y/o inhabilitación especial de seis (6) meses a dos (2) años:
a) El oficial público que no diere cumplimiento a la obligación que impone el artículo 20;
b) El médico que no diere cumplimiento a la obligación que impone el artículo 7
c) Quien no diere cumplimiento a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 15.
ARTICULO 32.- Será reprimido con multa de cinco mil a cien mil pesos ($ 5.000 a $ 100.000) e inhabilitación especial de uno (1) a tres (3) años el médico que no diere cumplimiento a las obligaciones previstas en el artículo 26, o a las del artículo 8.
En caso de reincidencia, la inhabilitación será de cinco (5) años a perpetua.
ARTICULO 33.- Cuando se acreditase que los autores de las conductas penadas en el presente Título han percibido sumas de dinero o bienes en retribución por tales acciones, serán condenados además a abonar en concepto de multa el equivalente al doble del valor de lo percibido.
ARTICULO 34.- Cuando los autores de las conductas penadas en el presente Título sean funcionarios públicos vinculados al área de sanidad, las penas respectivas se incrementarán de un tercio a la mitad. Cuando las dichas conductas se realicen de manera habitual, las penas se incrementarán en un tercio.
IX – DE LAS SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
ARTICULO 35.- Las infracciones de carácter administrativo a cualquiera de las actividades o normas que en este ordenamiento se regulan, en las que incurran establecimientos o servicios privados, serán pasibles de las siguientes sanciones graduables o acumulables, según la gravedad de cada caso:
a) Apercibimiento
b) Multas de diez mil a un millón de pesos ($ 10.000 a $ 1.000.000)
c) Suspensión de la habilitación que se le hubiere acordado al servicio o establecimiento, por un término de hasta cinco (5) años
d) Clausura temporaria o definitiva, parcial o total, del establecimiento en infracción;
e) Suspensión o inhabilitación de los profesionales o equipos de profesionales en el ejercicio de la actividad referida en el artículo 3 por un lapso de hasta cinco (5) años
f) Inhabilitación de hasta cinco (5) años para el ejercicio de la profesión a los médicos y otros profesionales del arte de curar que practicaren cualquiera de los actos previstos en la presente ley, sin la habilitación de la autoridad sanitaria.
En caso de extrema gravedad o reiteración, la inhabilitación podrá ser definitiva.
ARTICULO 36.- Las sanciones previstas en el artículo anterior serán publicadas, en su texto íntegro y durante dos días seguidos, en dos diarios de circulación en el lugar donde se halle el establecimiento sancionado, a cuyo cargo estará la publicación, consignándose en la misma un detalle de su naturaleza y causas, y los nombres y domicilios de los infractores.
ARTICULO 37.- Las direcciones y administraciones de guías, diarios, canales de televisión, radioemisoras y demás medios que sirvan de publicidad de las actividades mencionadas en esta ley que les den curso sin la autorización correspondiente, serán pasibles de la pena de multa establecida en el artículo 35, inciso b).
ARTICULO 38.- Las sanciones establecidas en el artículo 35 prescribirán a los dos años y la prescripción quedará interrumpida por los actos administrativos o judiciales, o por la comisión de cualquier otra infracción.
ARTICULO 39.- Las infracciones de carácter administrativo a esta ley y sus reglamentos serán sancionadas por la autoridad sanitaria jurisdiccional, previo sumario, con audiencia de prueba y defensa de los presuntos infractores. Las constancias del acta labrada en forma, al tiempo de verificarse la infracción y en cuanto no sean enervadas por otras pruebas, podrán ser consideradas como plena prueba de la responsabilidad del imputado.
ARTICULO 40.- Contra las decisiones administrativas que la autoridad sanitaria dicte en virtud de esta ley y de sus disposiciones reglamentarias, podrán interponerse los recursos que en las normas procesales se contemplen o establezcan.
ARTICULO 41.- La falta de pago de las multas aplicadas hará exigible su cobro por mediación fiscal, constituyendo suficiente título ejecutivo el testimonio autenticado de la resolución condenatoria firme.
ARTICULO 42.- El producto de las multas que por esta ley aplique la autoridad sanitaria jurisdiccional, ingresará al Fondo Solidario de Trasplantes.
X – DEL INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE (INCUCAI
ARTICULO 43. – El Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), creado por Ley 23.885, que funciona en el ámbito de la Secretaría de Salud dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social, como entidad estatal de derecho público, con personería jurídica y autarquía institucional, financiera y administrativa, está facultado para ejecutar el ciento por ciento (100 %) de los ingresos genuinos que perciba. Su fiscalización financiera y patrimonial estará a cargo de la Auditoría General de la Nación, y se realizará exclusivamente a través de las rendiciones de cuentas y estados contables que le serán elevados trimestralmente.
ARTICULO 44.- Serán funciones del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI):
a) Estudiar y proponer a la autoridad sanitaria las normas técnicas a que deberá responder la ablación de los órganos y tejidos anatómicos para la implantación de los mismos en seres humanos -provenientes de cadáveres humanos y entre seres humanos- y toda otra actividad incluida en la presente ley, así como todo método de tratamiento y selección previa de pacientes que requieran trasplantes de órganos, y las técnicas aplicables a su contralor
b) Dictar, con el asesoramiento del Consejo Federal de Salud (COFESA), las normas para la habilitación de establecimientos en que se practiquen actos médicos comprendidos en la temática, autorización de profesionales que practiquen dichos actos, habilitación de bancos de órganos y de tejidos
c) Fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en la presente ley y su reglamentación y demás normas complementarias, y colaborar en la ejecución de leyes afines a la temática, recomendando a los gobiernos provinciales adecuar su legislación y acción al cumplimiento de estos fines
d) Intervenir los organismos jurisdiccionales que incurran en actos u omisiones que signifiquen el incumplimiento de lo establecido por la presente ley;
e) Dictar, con el asesoramiento del Consejo Federal de Salud (COFESA), normas para la suspensión y/o revocación de una habilitación, cuando se verifique el incumplimiento de las condiciones y garantías de seguridad, eficacia y calidad de funcionamiento, el uso indebido u otras irregularidades que determine la reglamentación
f) Coordinar con las respectivas jurisdicciones la realización de inspecciones destinadas a verificar que los establecimientos donde se realizan las actividades comprendidas en la presente ley, se ajusten a ésta y su reglamentación;
g) Proponer, con el asesoramiento del Consejo Federal de Salud (COFESA), las normas para la intervención por parte de los organismos jurisdiccionales, hasta la resolución definitiva de la autoridad de aplicación o del juez competente, de los servicios o establecimientos en los que se presuma el ejercicio de actos u omisiones relacionados con el objeto de la presente ley con peligro para la salud o la vida de las personas
h) Realizar actividades de docencia, capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos vinculados con la temática, como labor propia o a solicitud de organismos oficiales o privados, percibiendo los aranceles que a tal efecto fije la reglamentación de la presente ley
i) Promover la investigación científica, mantener intercambio de información, y realizar publicaciones periódicas vinculadas con la temática del Instituto
j) Evaluar publicaciones y documentaciones e intervenir en la autorización de investigaciones que se realicen con recursos propios dirigidas a la tipificación de donantes de órganos, desarrollo de nuevas técnicas y procedimientos en cirugía experimental, perfusión y conservación de órganos, e investigaciones farmacológicas tendientes a la experimentación y obtención de drogas inmunosupresoras;
k) Determinar si son apropiados los procedimientos inherentes al mantenimiento de potenciales dadores cadavéricos, diagnóstico de muerte, ablación, acondicionamiento y transporte de órganos, de acuerdo a las normas que reglan la materia
l) Asistir a los organismos provinciales y municipales responsables del poder de policía sanitaria en lo que hace a la materia propia de las misiones y funciones del Instituto, a requerimiento de aquéllos, pudiendo realizar convenios con los mismos y con entidades públicas o privadas con el fin de complementar su acción
m) Proveer la información relativa a su temática al Ministerio de Salud y Acción Social, para su elaboración y publicación, con destino a los profesionales del arte de curar y las entidades de seguridad social
n) Coordinar la distribución de órganos a nivel nacional, así como también la recepción y envío de los mismos a nivel internacional y las acciones que se llevan a cabo para el mantenimiento de los siguientes registros:
1) Registro de personas que hubieren manifestado su oposición a la ablación de sus órganos y/o tejidos.
2) Registro de personas que aceptaron la ablación o condicionaren la misma a alguno de sus órganos o a algunos de los fines previstos en la presente ley.
3) Registro de manifestaciones de última voluntad, en las condiciones del artículo 21 en el que conste la identidad de la persona que testimonia y su relación con el causante.
4) Registro de destino de cada uno de los órganos o tejidos ablacionados con la jerarquía propia de los registros confidenciales bajo secreto médico.
ñ) Dirigir las acciones que permitan mantener actualizada la lista de espera de receptores potenciales de órganos y tejidos en el orden nacional, coordinando su acción con organismos regionales o provinciales de similar naturaleza;
o) Entender en las actividades dirigidas al mantenimiento de potenciales dadores cadavéricos y supervisar la correcta determinación del diagnóstico de muerte, ablación y acondicionamiento de órganos, coordinando su acción con organismos regionales y provinciales
p) Efectuar las actividades inherentes al seguimiento de los pacientes trasplantados, con fines de contralor y estadísticos
q) Dirigir las acciones que permitan mantener actualizados los registros creados por la presente ley en el orden nacional.
r) Proponer normas y prestar asistencia técnica a los organismos pertinentes en la materia de esta ley
s) Adquirir, construir, arrendar, administrar y enajenar bienes, aceptar herencias, legados y donaciones, estar en juicio como actor o demandado, contratar servicios, obras y suministros y en general realizar todos los actos que resulten necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, con ajuste a las disposiciones vigentes
t) Proponer a la Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL), las modificaciones o inclusiones que considere convenientes en su temática, proveyendo la información que le sea solicitada por dicho ente
u) Asistir técnica y financieramente, mediante subsidios, préstamos o subvenciones, a los tratamientos trasplantológicos que se realicen en establecimientos públicos nacionales, provinciales o municipales. Asimismo, promover y asistir directamente la creación y desarrollo de centros regionales y/o provinciales de ablación y/o implantes de órganos
v) Celebrar convenios con entidades privadas para su participación en el sistema
w) Asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo concerniente a las campañas de difusión masiva y concientización de la población respecto de la problemática de los trasplantes
x) Realizar toda acción necesaria para el cumplimiento de sus fines de conformidad con la presente ley y su reglamentación.
Modificado por: Ley 26.066 Art.11 (B.O. 22/12/2005) INCISO N) Y Q) SUSTITUIDOS
Ver: Resolución 151/01
(B.O. 03/09/2001) SE APRUEBAN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA DISTRIBUCION, ASIGNACION Y ADJUDICACION DE INTESTINOS PARA TRASPLANTE, PROVENIENTE DE DONANTES CADAVERICOS POR RES. DEL MINISTERIO DE SALUD.
ARTICULO 45.- El Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) estará a cargo de un directorio integrado por un presidente, un vicepresidente y un director, designados por el Poder Ejecutivo nacional de conformidad con las siguientes disposiciones:
a) El presidente será designado a propuesta de la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias, del Ministerio de Salud y Ambiente
b) El vicepresidente será designado a propuesta del Consejo Federal de Salud (COFESA)
c) El director será designado previo concurso abierto de títulos y antecedentes con destacada trayectoria en la temática, cuya evaluación estará a cargo de la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias, del Ministerio de Salud y Ambiente;
d) Los miembros del directorio durarán CUATRO (4) años en sus funciones y podrán ser reelegidos por un período más.
Tendrán dedicación de tiempo completo y no podrán participar patrimonialmente en ningún instituto, entidad o institución vinculado con el objeto de esta ley.
Modificado por: Ley 26.066 Art.12 (B.O. 22/12/2005)
ARTICULO 46.- Corresponde al directorio:
a) Dictar su reglamento interno
b) Aprobar la estructura orgánico-funcional del Instituto, el presupuesto anual de gastos, cálculo de recursos y cuentas de inversiones, y elaborar la memoria y balance al finalizar cada ejercicio. En el presupuesto de gastos no se podrá destinar más de un diez por ciento (10 %) para gastos de administración
c) Asignar los recursos del Fondo Solidario de Trasplantes, dictando las normas para el otorgamiento de subsidios, préstamos y subvenciones
d) Fijar las retribuciones de los miembros del directorio designar, promover, sancionar y remover al personal del Instituto, y fijar sus salarios, estimulando la dedicación exclusiva
e) Efectuar contrataciones de personal para la realización de labores extraordinarias o especiales que no puedan ser realizadas con sus recursos de planta permanente, fijando las condiciones de trabajo y su retribución
f) Delegar funciones en el presidente, por tiempo determinado.
ARTICULO 47.- Corresponde al presidente:
a) Representar al Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) en todos sus actos
b) Convocar y presidir las reuniones del directorio, en las que tendrá voz y voto, el que prevalecerá en caso de empate
c) Invitar a participar, con voz pero sin voto, a representantes de sectores interesados cuando se traten temas específicos de su área de acción
d) Convocar y presidir las reuniones del Consejo Asesor
e) Adoptar todas las medidas que, siendo de competencia del directorio, no admitan dilación, sometiéndolas a consideración del mismo en la primera sesión
f) Delegar funciones en otros miembros del directorio, con el acuerdo de éste
g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del directorio.
ARTICULO 48.- En el ámbito del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) funcionarán dos Consejos Asesores, de carácter honorario, que se conformarán según lo determine la reglamentación de la presente ley:
a) un consejo asesor de pacientes integrado por pacientes pertenecientes a las organizaciones que representan a personas trasplantadas y en espera de ser trasplantadas
b) un consejo asesor integrado por representantes de sociedades y asociaciones científicas, las universidades, otros centros de estudios e investigación y otros organismos regionales o provinciales de naturaleza similar a este instituto, y un representante de cada región sanitaria de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Salud y Acción Social al respecto, incluyendo a la provincia de La Pampa dentro de la Región Patagónica, y un representante de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
ARTICULO 49.- Créase el Fondo Solidario de Trasplantes, el que
se integrará con los siguientes recursos:
a) La contribución del Estado Nacional, mediante los créditos que
le asigne el presupuesto de la Nación;
b) El producto de las multas provenientes de la aplicación de las
sanciones administrativas y penales previstas en la presente ley;
c) El fondo acumulativo que surja de acreditar:
1) (Nota de redacción) VETADO POR DE.773/93
2) (Nota de redacción) VETADO POR DE. 773/93
3) (Nota de redacción) VETADO POR DE. 773/93
4) El producido de la venta de bienes en desuso, los de su propia
producción, las publicaciones que realice, intereses, rentas u
otros frutos de los bienes que administra.
5) Los legados, herencias, donaciones, aportes del Estado Nacional
o de las provincias, de entidades oficiales, particulares o de
terceros, según las modalidades que establezca la reglamentación,
con destino a solventar su funcionamiento.
6) Las transferencias de los saldos del fondo acumulativo y de los
de su presupuesto anual asignado, no utilizados en el ejercicio.
Nota de redacción. Ver: Decreto Nacional 773/93 Art.1
(B.O. 26-04-93). Apartados 1, 2 y 3 del inciso c) parcialmente
vetados.
Decreto Nacional 773/93 Art.2
(B.O. 26-04-93). Ultimo párrafo parcialmente vetado.
ARTICULO 50.- (Nota de redacción) VETADO POR DE. 773/93
Nota de redacción. Ver: Decreto Nacional 773/93 Art.3
(B.O. 26-04-93). Vetado.
ARTICULO 51.- Los recursos del Instituto Nacional Central Unico
Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) serán depositados en
una cuenta especial a su orden creada a estos efectos y destinados
prioritariamente para asistir al desarrollo de los servicios que se
realicen para tratamiento trasplantológico en establecimientos
públicos nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de
asistir a pacientes carenciados sin cobertura social, como así
también a fomentar la procuración de órganos y tejidos
necesarios a los fines de esta ley.
Las autoridades sanitarias jurisdiccionales deberán disponer la
creación de servicios de trasplantes de órganos en instituciones
públicas de adecuada complejidad en sus respectivas áreas
programáticas.
Nota de redacción. Ver: Decreto Nacional 773/93 Art.4
(B.O. 26-04-93). Ultimo párrafo parcialmente vetado.
ARTICULO 52. – Los cargos técnicos del personal del Instituto
Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI)
serán cubiertos previo concurso abierto de títulos y antecedentes.
XI – DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y ACTIVIDADES DE INSPECCION (artículos 53 al 55)
ARTICULO 53. – La autoridad sanitaria jurisdiccional está
autorizada para verificar el cumplimiento de esta ley y sus
disposiciones reglamentarias, mediante inspecciones y pedidos de
informes. A tales fines, sus funcionarios autorizados tendrán
acceso a los establecimientos o servicios, habilitados o no, en que
se ejerzan o se presuma el ejercicio de las actividades previstas
por esta ley, podrán proceder al secuestro de elementos probatorios
y disponer la intervención provisoria de los servicios o
establecimientos.
ARTICULO 54. – Sin perjuicio de la sanción que en definitiva
corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35, la
autoridad sanitaria jurisdiccional podrá adoptar las siguientes
medidas preventivas:
a) Si se incurriera en actos u omisiones que constituyeran un daño
o peligro para la salud de las personas se procederá a la clausura
total o parcial de los establecimientos o servicios en que los
mismos ocurrieran, o a ordenar suspender los actos médicos a que
refiere esta ley. Dichas medidas no podrán tener una duración mayor
de ciento ochenta (180) días.
b) Clausurar los servicios o establecimientos que funcionen sin la
correspondiente autorización.
c) Suspensión de la publicidad en infracción.
ARTICULO 55.- A los efectos de lo dispuesto en los artículos 53 y 54
de la presente ley, la autoridad sanitaria jurisdiccional podrá
requerir en caso necesario auxilio de la fuerza pública, y solicitar
órdenes de allanamiento de los tribunales federales o provinciales
competentes.
XII – DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL ESPECIAL
ARTICULO 56.- Toda acción civil tendiente a obtener una resolución
judicial respecto de cuestiones extrapatrimoniales relativas a la
ablación e implante de órganos o tejidos será de
competencia de los tribunales federales o provinciales en lo civil
del domicilio del actor. En el orden federal se sustanciará por el
siguiente procedimiento especial:
a) La demanda deberá estar firmada por el actor y se acompañarán
todos los elementos probatorios tendientes a acreditar la
legitimidad del pedido. No será admitido ningún tipo de
representación por terceros y la comparencia del actor será siempre
personal, sin perjuicio del patrocinio letrado.
b) Recibida la demanda, el Juez convocará a una audiencia personal
la que se celebrará en un plazo no mayor de tres días a contar de
la presentación de aquélla.
c) La audiencia será tomada personalmente por el Juez y en ella
deberán estar presentes el actor, el Agente Fiscal, el Asesor de
Menores en su caso, un perito médico, un perito psiquiatra y un
asistente social, los que serán designados previamente por el Juez.
Se podrá disponer además la presencia de otros peritos, asesores o
especialistas que el Juez estime conveniente. La inobservancia de
estos requisitos esenciales producirá la nulidad de la audiencia.
d) Del desarrollo de la audiencia se labrará un acta
circunstanciada, y en su transcurso el Juez, los peritos, el Agente
Fiscal, y el Asesor de Menores en su caso, podrán formular todo
tipo de preguntas y requerir las aclaraciones del actor que
consideren oportunas y necesarias.
e) Los peritos elevarán su informe al Juez en el plazo de cuarenta
y ocho (48) horas posteriores a la audiencia, y éste podrá además,
en el mismo plazo, recabar todo tipo de información complementaria
que estime conveniente.
f) De todo lo actuado se correrá vista, en forma consecutiva, al
Agente Fiscal y al Asesor de Menores, en su caso, quienes deberán
elevar su dictamen en el plazo de veinticuatro (24) horas.
g) El Juez dictará sentencia dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas posteriores al trámite procesal del inciso anterior.
h) En caso de extrema urgencia, debidamente acreditada, el Juez
podrá establecer por resolución fundada plazos menores a los
contemplados en el presente artículo, habilitando días y horas
inhábiles.
i) La inobservancia de las formalidades y requisitos establecidos
en el presente artículo producirá la nulidad de todo lo actuado.
j) La resolución que recaiga será apelable en relación, con efecto
suspensivo. La apelación deberá interponerse de manera fundada en
el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, y el Juez elevará la causa
al superior en el término de veinticuatro (24) horas de recibida la
misma. El tribunal resolverá el recurso en el plazo de tres (3)
días.
El Agente Fiscal sólo podrá apelar cuando hubiere dictaminado en
sentido contrario a la resolución del Juez.
k) Este trámite estará exento del pago de sellados, tasas,
impuestos o derechos de cualquier naturaleza.
ARTICULO 57.- El incumplimiento del Juez, del Agente Fiscal o
del Asesor de Menores, en su caso, a las obligaciones establecidas
en el artículo anterior, se considerará falta grave y mal desempeño
de sus funciones.
ARTICULO 58.- Invítase a los gobiernos provinciales a sancionar en sus
respectivas jurisdicciones normas similares a las de este
capítulo.
XIII – DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULO 59.- El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones
de la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su
promulgación.
Hasta tanto, mantendrán su vigencia los decretos 3011/77, 2437/91
y 928/92 y demás normas reglamentarias, en todo lo que no se oponga
a la presente ley.
ARTICULO 60.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictará la
reglamentación que establezca los recaudos para la realización de
ablaciones de córneas de los cadáveres depositados en la Morgue
Judicial de acuerdo a los lineamientos y principios de la presente
ley.
Invítase a las provincias a dictar en sus respectivas
jurisdicciones normas similares a la del presente artículo.
ARTICULO 61.- El Instituto Nacional Central Unico Coordinador de
Ablación e Implante (INCUCAI) ejercerá las funciones y
facultades que por esta ley se asignan a las autoridades de
contralor jurisdiccionales en aquellas jurisdicciones en las que no
se encuentren en funcionamiento organismos de similar naturaleza
hasta tanto los mismos sean creados y alcancen condiciones
efectivas de operatividad, o hasta que las respectivas autoridades
sanitarias jurisdiccionales indiquen el organismo que ha de hacerse
cargo de dichas funciones.
ARTICULO 62. – El Poder Ejecutivo nacional deberá llevar a cabo en forma permanente, a través del Ministerio de Salud y Ambiente y si así este último lo dispusiere por medio del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), una intensa campaña señalando el carácter voluntario, altruista, desinteresado y solidario de la donación de órganos y tejidos a efectos de informar a la población el alcance del régimen que por la presente ley se instaura.
Autorízase al Ministerio de Salud y Ambiente a celebrar convenios con otras entidades u organismos públicos o privados, nacionales o internacionales para el mejor cumplimiento de este objetivo.
Modificado por: Ley 26.066 Art.13
(B.O. 22/12/2005) ARTICULO SUSTITUIDO
ARTICULO 63.- Deróganse las Leyes 21.541 y sus modificatorias
23.464 y 23.885.
ARTICULO 64. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FIRMANTES
PIERRI-MENEM-Pereyra Arandía de Pérez Pardo-Piuzzi
ANEXO A: Anexo I
Observaciones generales : CANTIDAD DE ARTICULOS QUE COMPONEN LA NORMA 0001
artículo 1:
Mercadería P.A.NCE D.I.(%) Filtro hemodializador 8421.29.600 5Catéteres 9018.39.900 5Riñón artificial 9018.90.980 5Equipo tubular estéril para hemodiálisis 9018.39.900 5Solución fisiológica (bolsa de 500 cm3) 3004.90.999 13Solución dextrosada (bolsa de 500 cm3) 3004.90.999 13Solución de carbonato de sodio(bolsa de 500 cm3) 3004.90.999 13Solución clorurada hipertónica(bolsa de 500 cm3) 3004.90.999 13Solución glucosada hipertónica(bolsa de 500 cm3) 3004.90.999 13Ciclosporina A (dosificada) 3004.90.970 5Deltisona B (dosificada) 3004.39.990 13Azatioprina (dosificada) 3004.90.330 5Suero antilinfocítico (en ampollas) 3002.10.190 5Anticuerpos monoclonales (dosificados) 3002.10.219 5Pitresina (droga pura sin dosificar) 2937.99.900 5Dopamina (droga pura sin dosificar) 2922.29.900 5Solución de Beltzer (bolsa de 1000 cm3) 3004.90.999 13
Ley 24.193
LEY DE ABLACION E IMPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS
BUENOS AIRES, 24 de Marzo de 1993
BOLETIN OFICIAL, 26 de Abril de 1993
Vigentes
Decreto Reglamentario
Decreto Nacional 512/95
(B.O. 17-4-95)
I – DISPOSICIONES GENERALES
*ARTICULO 1 – La ablación de órganos y tejidos para su implantación de cadáveres humanos a seres humanos y entre seres humanos, se rige por las disposiciones de esta ley en todo el territorio de la República.
Exceptúase de lo previsto por la presente, los tejidos naturalmente renovables o separables del cuerpo humano con salvedad de la obtención y preservación de células progenitoras hematopoyéticas y su posterior implante a seres humanos, que quedará regida por esta ley.
Entiéndense alcanzadas por la presente norma a las nuevas, prácticas o técnicas que la autoridad de aplicación reconozca que se encuentran vinculadas con la implantación de órganos o tejidos en seres humanos. Considérase comprendido al xenotransplante en las previsiones del párrafo precedente cuando cumpliera las condiciones que oportunamente determinare la autoridad de aplicación:
Modificado por: Ley 26.066 Art.2
(B.O. 22/12/2005) ARTICULO SUSTITUIDO
ARTICULO 2 – La ablación e implantación de órganos y tejidos
podrán ser realizadas cuando los otros medios y recursos
disponibles se hayan agotado, o sean insuficientes o inconvenientes
como alternativa terapéutica de la salud del paciente. Estas
prácticas se considerarán de técnica corriente y no experimental.
La reglamentación podrá incorporar otras que considere necesarias
de acuerdo con el avance médico-científico.
II – DE LOS PROFESIONALES (artículos 3 al 8)
ARTICULO 3 – Los actos médicos referidos a trasplantes
contemplados en esta ley sólo podrán ser realizados por médicos o
equipos médicos registrados y habilitados al efecto por ante la
respectiva autoridad de contralor jurisdiccional. Esta exigirá, en
todos los casos, como requisito para la referida inscripción, la
acreditación suficiente, por parte del médico, de capacitación y
experiencia en la especialidad. La autoridad de contralor
jurisdiccional será responsable por los perjuicios que se deriven
de la inscripción de personas que no hubieren cumplido con tales
recaudos.
ARTICULO 4.- Los equipos de profesionales médicos estarán a cargo de
un jefe, a quien eventualmente reemplazará un subjefe, siendo sus
integrantes solidariamente responsables del cumplimiento de esta ley.
ARTICULO 5.- Las instituciones en las que desarrollen su actividad
trasplantológica los médicos o equipos médicos, serán
responsables en cuanto a los alcances de este cuerpo legal.
ARTICULO 6 – La autorización a jefes y subjefes de equipos y
profesionales será otorgada por la autoridad sanitaria
jurisdiccional correspondiente, la cual deberá informar de la
gestión a la autoridad sanitaria nacional a fin de mantener la
integridad del sistema.
ARTICULO 7 – Los médicos de instituciones públicas o privadas
que realicen tratamientos de diálisis deberán informar
semestralmente al Ministerio de Salud y Acción Social a través del
Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante
(INCUCAI), la nómina de pacientes hemodializados, sus condiciones y
características.
ARTICULO 8 – Todo médico que diagnosticare a un paciente una
enfermedad susceptible de ser tratada mediante un implante, deberá
denunciar el hecho a la autoridad de contralor dentro del plazo que
determine la reglamentación.
III – DE LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS (artículos 9 al 12)
ARTICULO 9 – Los actos médicos contemplados en esta ley sólo
podrán ser realizados en el ámbito de establecimientos médicos
registrados por ante la respectiva autoridad de contralor
jurisdiccional. Esta exigirá, en todos los casos, como requisito
para la referida inscripción, la acreditación suficiente por parte
del establecimiento de que cuenta con la adecuada infraestructura
física e instrumental, así como con el personal calificado
necesario en la especialidad, y el número mínimo de médicos
inscriptos en el registro que prescribe el artículo 3, conforme lo
determine la reglamentación. La autoridad de contralor
jurisdiccional será solidariamente responsable por los perjuicios
que se deriven de la inscripción de establecimientos que no
hubieren cumplido con los expresados recaudos.
ARTICULO 10.- La inscripción a que se refiere el artículo 9 tendrá
validez por períodos no mayores de dos (2) años. Su renovación
sólo podrá efectuarse previa inspección del establecimiento por
parte de la autoridad de contralor jurisdiccional, y acreditación
por parte del mismo de seguir contando con los recaudos mencionados
en el artículo anterior. Las sucesivas renovaciones tendrán validez
por iguales períodos.
La autoridad de contralor jurisdiccional será solidariamente
responsable por los perjuicios que se deriven de la renovación de
inscripciones de establecimientos sin que se hubieran cumplido los
requisitos de este artículo.
ARTICULO 11. – Los establecimientos inscriptos conforme a las
disposiciones de los artículos 9 y 10 llevarán un registro de todos
los actos médicos contemplados en la presente ley que se realicen
en su ámbito. La reglamentación determinará los requisitos de ese
registro.
ARTICULO 12. – Los servicios o establecimientos habilitados a
los efectos de esta ley, no podrán efectuar modificaciones que
disminuyan las condiciones de habilitación.
IV – DE LA PREVIA INFORMACION MEDICA A DADORES Y RECEPTORES
ARTICULO 13. – Los jefes y subjefes de los equipos, como asimismo los profesionales a que se refiere el artículo 3º deberán informar a los donantes vivos y a los receptores y en caso de ser estos últimos incapaces, a su representante legal o persona que detente su guarda, de manera suficiente, clara y adaptada a su nivel cultural, sobre los riesgos de la operación de ablación e implante -según sea el caso-, sus secuelas físicas y psíquicas ciertas o posibles, la evolución previsible y las limitaciones resultantes, así como las posibilidades de mejoría que, verosímilmente, puedan resultar para el receptor.
En caso de que los donantes y receptores no se opongan, la información será suministrada también a su grupo familiar en el orden y condiciones previstos por el artículo 21 de la ley 24.193 y modificatoria.
Luego de asegurarse que la información ha sido comprendida por los sujetos destinatarios de la misma, dejarán a la libre voluntad de cada uno de ellos la decisión que corresponda adoptar. Del cumplimiento de este requisito, de la decisión del dador, de la del receptor y de la del representante legal cuando correspondiere, así como de la opinión médica sobre los mencionados riesgos, secuelas, evolución, limitaciones y mejoría, tanto para el dador como para el receptor, deberá quedar constancia documentada de acuerdo con la normativa a establecerse reglamentariamente.
De ser incapaz el receptor o el dador en el caso de transplante de médula ósea, la información prevista en este artículo deberá ser dada, además, a su representante legal.
En los supuestos contemplados en el Título V el lapso entre la recepción de la información y la operación respectiva no podrá ser inferior a CUARENTA Y OCHO (48) horas.
Tratándose del supuesto contemplado en el artículo 21, respecto de donantes cadavéricos, la información será suministrada a las persona s que allí se enumeran, en las formas y condiciones que se describen en el presente artículo, al solo efecto informativo.
Modificado por: Ley 26.066 Art.3
(B.O. 22/12/2005) ARTICULO SUSTITUIDO
V – DE LOS ACTOS DE DISPOSICION DE ORGANOS O TEJIDOS
PROVENIENTES DE PERSONAS (artículos 14 al 18)
ARTICULO 14. – La extracción de órganos o tejidos
en vida con fines de trasplante entre personas relacionadas
conforme a las previsiones de los artículos 15 y concordantes de la
presente ley, estará permitida sólo cuando se estime que
razonablemente no causará un grave perjuicio a la salud del dador y
existan perspectivas de éxito para conservar la vida o mejorar la
salud del receptor. Esta extracción siempre deberá practicarse
previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.
La reglamentación establecerá los órganos y tejidos
que podrán ser objeto de ablación, excepto los incluidos
especialmente en esta ley.
ARTICULO 15. – Sólo estará permitida la ablación de órganos o
tejidos en vida con fines de trasplante sobre una
persona capaz mayor de dieciocho (18) años, quien podrá autorizarla
únicamente en caso de que el receptor sea su pariente consanguíneo
o por adopción hasta el cuarto grado, o su cónyuge, o una persona
que, sin ser su cónyuge, conviva con el donante en relación de tipo
conyugal no menos antigua de tres (3) años, en forma inmediata,
continua e ininterrumpida. Este lapso se reducirá a dos (2) años si
de dicha relación hubieren nacido hijos.
En todos los casos será indispensable el dictamen favorable del
equipo médico a que se refiere el artículo 3.
De todo lo actuado se labrarán actas, por duplicado, un ejemplar
de las cuales quedará archivado en el establecimiento, y el otro
será remitido dentro de las setenta y dos (72) horas de efectuada
la ablación a la autoridad de contralor. Ambos serán archivados por
un lapso no menor de diez (10) años.
En los supuestos de implantación de médula ósea, cualquier persona
capaz mayor de dieciocho (18) años podrá disponer ser dador sin las
limitaciones de parentesco establecidas en el primer párrafo del
presente artículo. Los menores de dieciocho (18) años -previa
autorización de su representante legal- podrán ser dadores sólo
cuando los vincule al receptor un parentesco de los mencionados en
el citado precepto.
El consentimiento del dador o de su representante legal no puede
ser sustituido ni complementado; puede ser revocado hasta el
instante mismo de la intervención quirúrgica, mientras conserve
capacidad para expresar su voluntad, ante cuya falta la ablación no
será practicada.
La retractación del dador no genera obligación de ninguna clase.
ARTICULO 16. – En ningún caso los gastos vinculados con la
ablación y/o el implante estarán a cargo del dador o de sus
derechohabientes. Dichos gastos estarán a cargo de las entidades
encargadas de la cobertura social o sanitaria del receptor, o de
éste cuando no la tuviera.
Las entidades encargadas de la cobertura social o empresas
privadas de medicina prepaga deberán notificar fehacientemente a
sus beneficiarios si cubre o no sus gastos.
ARTICULO 17. – Las inasistencias en las que incurra el dador,
con motivo de la ablación, a su trabajo y/o estudios, así como la
situación sobreviniente a la misma, se regirán por las
disposiciones que sobre protección de enfermedades y accidentes
inculpables establezcan los ordenamientos legales, convenios
colectivos o estatutos que rijan la actividad del dador, tomándose
siempre en caso de duda aquella disposición que le sea más
favorable.
ARTICULO 18. – Cuando por razones terapéuticas fuere
imprescindible ablacionar a personas vivas órganos o tejidos
anatómicos que pudieren ser implantados en otra persona, se
aplicarán las disposiciones que rigen para los órganos provenientes
de cadáveres. La reglamentación determinará taxativamente los
supuestos concretos a los que se refiere el presente párrafo.
Cuando se efectúe un trasplante cardiopulmonar en bloque
proveniente de dador cadavérico, la autoridad de contralor podrá
disponer del corazón del receptor para su asignación en los
términos previstos en la presente ley.
VI – DE LOS ACTOS DE DISPOSICION DE ORGANOS O TEJIDOS
CADAVERICOS
ARTICULO 19. – Toda persona podrá en forma expresa:
1. Manifestar su voluntad negativa o afirmativa a la ablación de los órganos o tejidos de su propio cuerpo.
2. Restringir de un modo específico su voluntad afirmativa de ablación a determinados órganos y tejidos.
3. Condicionar la finalidad de la voluntad afirmativa de ablación a alguno o algunos de los fines previstos en esta ley -implante en seres humanos vivos o con fines de estudio o investigación -.
Modificado por: Ley 26.066 Art.4
(B.O. 22/12/2005) ARTICULO SUSTITUIDO
Artículo 19 bis: La ablación podrá efectuarse respecto de toda persona capaz mayor de DIECIOCHO (18) años que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos, la que será respetada cualquiera sea la forma en la que se hubiere manifestado.
Este artículo entrará en vigencia transcurridos NOVENTA (90) días de ejecución de lo establecido en el artículo 13 de esta ley, que modifica el artículo 62 de la ley 24.193.
Modificado por: Ley 26.066 Art.5
(B.O. 22/12/2005) ARTICULO INCORPORADO
Artículo 19 ter: En caso de fallecimiento de menores de DIECIOCHO (18) años, no emancipados, sus padres o su representante legal, exclusivamente, podrán autorizar la ablación de sus órganos o tejidos especificando los alcances de la misma.
El vínculo familiar o la representación que se invoque será acreditado, a falta de otra prueba, mediante declaración jurada, la que tendrá carácter de instrumento público, debiendo acompañarse dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas la documentación respectiva.
La falta de consentimiento de alguno de los padres eliminará la posibilidad de autorizar la ablación en el cadáver del menor.
En ausencia de las personas mencionadas precedentemente, se dará intervención al Ministerio Pupilar, quien podrá autorizar la ablación.
De todo lo actuado se labrará acta y se archivarán en el establecimiento las respectivas constancias, incluyendo una copia certificada del documento nacional de identidad del fallecido. De todo ello, se remitirán copias certificadas a la autoridad de contralor. Las certificaciones serán efectuadas por el Director del establecimiento o quien lo reemplace. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente párrafo hará pasible a los profesionales intervinientes de la sanción establecida en el artículo 29.
Modificado por: Ley 26.066 Art.6
(B.O. 22/12/2005) ARTICULO INCORPORADO
ARTICULO 20. – Todo funcionario del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas estará obligado a recabar de las personas capaces, mayores de DIECIOCHO (18) años que concurran ante dicho organismo a realizar cualquier trámite, la manifestación de su voluntad positiva o negativa en los términos del artículo 19 y 19 bis o su negativa a expresar dicha voluntad. El interesado deberá responder el requerimiento.
Dicha manifestación o su negativa a expresarla, será asentada en el documento nacional de identidad del declarante y se procederá a comunicarla en forma inmediata al Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), dejando en todos los casos clara constancia de las limitaciones especificadas por el interesado, si las hubiera.
La reglamentación establecerá otras formas y modalidades que faciliten la manifestación e impulsará la posibilidad de recabar el consentimiento en ocasión de los actos eleccionarios.
Todo establecimiento asistencial público o privado obrará, a los efectos de este artículo, como delegación del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), siendo ésta condición para su habilitación.
La Policía Federal y el Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), deberán registrar en el documento nacional de identidad la voluntad del dador debiendo comunicar dicha circunstancia dentro de los CINCO (5) días al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
El Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima, a solicitud de cualquier ciudadano mayor de DIECIOCHO (18) años, expedirá en forma gratuita telegrama o carta documento al Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), con copia al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en la que conste la notificación del remitente de su negativa a donar los órganos. El Correo deberá dejar constancia en el Documento Nacional de Identidad del remitente de la notificación efectuada.
Modificado por: Ley 26.066 Art.7
(B.O. 22/12/2005) ARTICULO SUSTITUIDO
ARTICULO 21.- En caso de muerte natural, y no existiendo manifestación expresa del difunto, deberá requerirse de las siguientes personas, en el orden en que se las enumera siempre que estuviesen en pleno uso de sus facultades mentales, testimonio sobre la última voluntad del causante, respecto a la ablación de sus órganos y/o a la finalidad de la misma.
a) El cónyuge no divorciado que convivía con el fallecido, o la persona que sin ser su cónyuge convivía con el fallecido en relación de tipo conyugal no menos antigua de TRES (3) años, en forma continua e ininterrumpida;
b) Cualquiera de los hijos mayores de DIECIOCHO (18) años;
c) Cualquiera de los padres; d) Cualquiera de los hermanos mayores de DIECIOCHO (18) años;
e) Cualquiera de los nietos mayores de DIECIOCHO (18) años;
f) Cualquiera de los abuelos;
g) Cualquier pariente consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive;
h)Cualquier pariente por afinidad hasta el segundo grado inclusive;
i) El representante legal, tutor o curador;
Conforme la enumeración establecida precedentemente y respetando el orden que allí se establece, las personas que testimonien o den cuenta de la última voluntad del causante que se encuentren en orden más próximo excluyen el testimonio de las que se encuentren en un orden inferior. En caso de resultar contradicciones en los testimonios de las personas que se encuentren en el mismo orden, se estará a lo establecido en el artículo 19 bis.
La relación con el causante y el testimonio de su última voluntad, serán acreditados, a falta de otra prueba, mediante declaración jurada, la que tendrá carácter de instrumento público, debiendo acompañarse dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas la: documentación respectiva, cuando correspondiere.
Modificado por: Ley 26.066 Art.8
(B.O. 22/12/2005) ARTICULO SUSTITUIDO
ARTICULO 22.- En caso de muerte violenta la autoridad competente adoptará los recaudos tendientes a ubicar a las personas enumeradas en el artículo anterior a efectos que los mismos den cuenta o testimonien la última voluntad del causante, debiendo dejar debidamente acreditada la constancia de los medios y mecanismos utilizados para la notificación en tiempo y forma a los familiares a efectos de testimoniar o dar cuenta de la última voluntad del presunto donante.
El juez que entiende en la causa ordenará en el lapso de SEIS (6) horas a partir del fallecimiento la intervención del médico forense, policial o quien cumpla tal función, a fin de dictaminar si los órganos o tejidos que resulten aptos para ablacionar no afectarán el examen autopsiano.
Aun existiendo autorización expresa del causante o el testimonio referido en el artículo 21 dentro de las SEIS (6) horas de producido el deceso, el juez informará al Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) o al organismo jurisdiccional correspondiente la autorización para llevar a cabo la realización de la ablación, a través de resolución judicial fundada, con especificación de los órganos o tejidos autorizados a ablacionar de conformidad con lo dictaminado por el mismo forense.
Una negativa del magistrado interviniente para autorizar la realización de la ablación deberá estar justificada conforme los requisitos exigidos en la presente ley.
En el supuesto de duda sobre la existencia de autorización expresa del causante el juez podrá requerir del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) o del organismo jurisdiccional correspondiente los informes que estime menester.
Modificado por: Ley 26.066 Art.9
(B.O. 22/12/2005) ARTICULO SUSTITUIDO
Antecedentes: Ley 25.281 Art.1
(B.O. 2-8-00) SUSTITUIDO
ARTICULO 22 Bis.- El equipo de profesionales médicos a que se refiere
el artículo 4 en ningún caso actuará juntamente con los médicos
forenses, debiendo quedar a lo que resulte de la decisión judicial.
El jefe, subjefe o el mimbro que aquellas designen del equipo que
realice la ablación deberá informar de inmediato y pormenorizadamente
al juez interviniente:
a) Los órganos ablacionados en relación con los autorizados a
ablacionar.
b) El estado de los mismos, como así también el eventual impedimento
de ablacionar alguno de los órganos autorizados.
c) Las demás circunstancias del caso que establezca la
reglamentación.
En el cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores serán
solidariamente responsables la totalidad de los profesionales
integrantes del equipo de ablación.
El Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e
Implante -INCUCAI- o el organismo jurisdiccional correspondiente
deberá informarle el destino dado a cada órgano o tejidos
ablacionado, la identificación regional, el establecimiento
asistencial al que va dirigido, el equipo responsable del transporte
y los datos identificatorios del o de los pacientes receptores.
Modificado por: Ley 25.281 Art.2
(B.O. 2-8-00) ARTICULO INCORPORADO
ARTICULO 23.- El fallecimiento de una persona se considerará
tal cuando se verifiquen de modo acumulativo los siguientes signos,
que deberán persistir ininterrumpidamente seis (6) horas después de
su constatación conjunta:
a) Ausencia irreversible de respuesta cerebral, con pérdida
absoluta de conciencia;
b) Ausencia de respiración espontánea;
c) Ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas fijas
no reactivas;
d) Inactividad encefálica corroborada por medios técnicos y/o
instrumentales adecuados a las diversas situaciones clínicas, cuya
nómina será periódicamente actualizada por el Ministerio de Salud y
Acción Social con el asesoramiento del Instituto Nacional Central
Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).
La verificación de los signos referidos en el inciso d) no será
necesaria en caso de paro cardiorespiratorio total e irreversible.
ARTICULO 24.- A los efectos del artículo anterior, la certificación
del fallecimiento deberá ser suscripta por dos (2) médicos, entre los
que figurará por lo menos un neurólogo o neurocirujano. Ninguno de
ellos será el médico o integrará el equipo que realice ablaciones o
implantes de órganos del fallecido.
La hora del fallecimiento será aquella en que por primera vez se
constataron los signos previstos en el artículo 23.
ARTICULO 25.- El establecimiento en cuyo ámbito se realice la
ablación estará obligado a:
a) Arbitrar todos los medios a su alcance en orden a la
restauración estética del cadáver, sin cargo alguno a los sucesores
del fallecido;
b) Realizar todas las operaciones autorizadas dentro del menor
plazo posible, de haber solicitado los sucesores del fallecido la
devolución del cadáver;
c) Conferir en todo momento al cadáver del donante un trato digno
y respetuoso.
ARTICULO 26. – Todo médico que mediante comprobaciones idóneas
tomare conocimiento de la verificación en un paciente de los signos
descriptos en el artículo 23, está obligado a denunciar el hecho al
director o persona a cargo del establecimiento, y ambos deberán
notificarlo en forma inmediata a la autoridad de contralor
jurisdiccional o nacional, siendo solidariamente responsables por
la omisión de dicha notificación.
VII – DE LAS PROHIBICIONES
ARTICULO 27.- Queda prohibida la realización de todo tipo de
ablación cuando la misma pretenda practicarse:
a) Sin que se haya dado cumplimiento a los requisitos y
previsiones de la presente ley;
b) Sobre el cadáver de quien expresamente se hubiere manifestado en contrario para la ablación o en su caso, del órgano u órganos respecto de los cuales se hubiese negado la ablación, como asimismo cuando se pretendieren utilizar los órganos o tejidos con fines distintos a los autorizados por el causante. A tales fines se considerará que existe manifestación expresa en contrario cuando mediare el supuesto del artículo 21 de la presente ley. c) Sobre cadáveres de pacientes que hubieren estado internados en
institutos neuropsiquiátricos;
d) Sobre el cadáver de una mujer en edad gestacional, sin que se
hubiere verificado previamente la inexistencia de embarazo en
curso;
e) Por el profesional que haya atendido y tratado al fallecido
durante su última enfermedad, y por los profesionales médicos que
diagnosticaron su muerte.
Asimismo, quedan prohibidos;
f) Toda contraprestación u otro beneficio por la dación de órganos
o tejidos, en vida o para después de la muerte, y la
intermediación con fines de lucro;
g) La inducción o coacción al dador para dar una respuesta
afirmativa respecto a la dación de órganos.
El consejo médico acerca de la utilidad de la dación de un órgano
o tejido, no será considerado como una forma de inducción o
coacción;
h) Los anuncios o publicidad en relación con las actividades
mencionadas en esta ley, sin previa autorización de la autoridad
competente, conforme a lo que establezca la reglamentación.
Modificado por: Ley 26.066 Art.10
(B.O. 22/12/2005) INCISO B) SUSTITUIDO
Antecedentes: Ley 25.281 Art.3
(B.O. 2-8-00) INC. B) SUSTITUIDO
VIII – DE LAS PENALIDADES
ARTICULO 28. – Será reprimido con prisión de seis (6) meses a
cinco (5) años e inhabilitación especial de dos (2) a diez (10)
años si el autor fuere un profesional del arte de curar o una
persona que ejerza actividades de colaboración del arte de curar:
a) El que directa o indirectamente diere u ofreciere beneficios de
contenido patrimonial o no, a un posible dador o a un tercero, para
lograr la obtención de órganos o tejidos;
b) El que por sí o por interpósita persona recibiera o exigiera
para sí o para terceros cualquier beneficio de contenido
patrimonial o no, o aceptare una promesa directa o indirecta para
sí o para terceros, para lograr la obtención de órganos o
tejidos, sean o no propios;
c) El que con propósito de lucro intermediara en la obtención de
órganos o tejidos provenientes de personas o de
cadáveres.
ARTICULO 29. – Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6)
aÑos e inhabilitación especial de dos (2) a diez (10) años si el
autor fuere un profesional del arte de curar o una persona que
ejerza actividades de colaboración del arte de curar quien
extrajera indebidamente órganos o tejidos de
cadáveres.
ARTICULO 30. – Será reprimido con prisión o reclusión de cuatro
(4) años a perpetua el que extrajere órganos o tejidos
de humanos vivos, sin dar cumplimiento a los requisitos
y formalidades exigidos en el artículo 15, con excepción de la
obligación prevista en el tercer párrafo de dicho artículo que será
sancionada con la pena establecida en el artículo siguiente.
ARTICULO 31.- Será reprimido con multa de quinientos a cinco
mil pesos ($ 500 a $ 5.000) y/o inhabilitación especial de seis (6)
meses a dos (2) años:
a) El oficial público que no diere cumplimiento a la obligación
que impone el artículo 20;
b) El médico que no diere cumplimiento a la obligación que impone
el artículo 7;
c) Quien no diere cumplimiento a lo dispuesto en el tercer párrafo
del artículo 15.
ARTICULO 32.- Será reprimido con multa de cinco mil a cien mil pesos
($ 5.000 a $ 100.000) e inhabilitación especial de uno (1) a tres (3)
años el médico que no diere cumplimiento a las obligaciones previstas
en el artículo 26, o a las del artículo 8.
En caso de reincidencia, la inhabilitación será de cinco (5) años
a perpetua.
ARTICULO 33. – Cuando se acreditase que los autores de las
conductas penadas en el presente Título han percibido sumas de
dinero o bienes en retribución por tales acciones, serán condenados
además a abonar en concepto de multa el equivalente al doble del
valor de lo percibido.
ARTICULO 34.- Cuando los autores de las conductas penadas en el presente
Título sean funcionarios públicos vinculados al área de sanidad, las
penas respectivas se incrementarán de un tercio a la mitad.
Cuando las dichas conductas se realicen de manera habitual, las
penas se incrementarán en un tercio.
IX – DE LAS SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
ARTICULO 35. – Las infracciones de carácter administrativo a
cualquiera de las actividades o normas que en este ordenamiento se
regulan, en las que incurran establecimientos o servicios privados,
serán pasibles de las siguientes sanciones graduables o
acumulables, según la gravedad de cada caso:
a) Apercibimiento;
b) Multas de diez mil a un millón de pesos ($ 10.000 a $ 1.000.000);
c) Suspensión de la habilitación que se le hubiere acordado al
servicio o establecimiento, por un término de hasta cinco (5) años;
d) Clausura temporaria o definitiva, parcial o total, del
establecimiento en infracción;
e) Suspensión o inhabilitación de los profesionales o equipos de
profesionales en el ejercicio de la actividad referida en el
artículo 3 por un lapso de hasta cinco (5) años;
f) Inhabilitación de hasta cinco (5) años para el ejercicio de la
profesión a los médicos y otros profesionales del arte de curar que
practicaren cualquiera de los actos previstos en la presente ley,
sin la habilitación de la autoridad sanitaria.
En caso de extrema gravedad o reiteración, la inhabilitación podrá
ser definitiva.
ARTICULO 36. – Las sanciones previstas en el artículo anterior
serán publicadas, en su texto íntegro y durante dos días seguidos,
en dos diarios de circulación en el lugar donde se halle el
establecimiento sancionado, a cuyo cargo estará la publicación,
consignándose en la misma un detalle de su naturaleza y causas, y
los nombres y domicilios de los infractores.
ARTICULO 37. – Las direcciones y administraciones de guías,
diarios, canales de televisión, radioemisoras y demás medios que
sirvan de publicidad de las actividades mencionadas en esta ley que
les den curso sin la autorización correspondiente, serán pasibles
de la pena de multa establecida en el artículo 35, inciso b).
ARTICULO 38.- Las sanciones establecidas en el artículo 35 prescribirán a los dos años y la prescripción quedará interrumpida por los actos administrativos o judiciales, o por la comisión de cualquier otra infracción.
ARTICULO 39.- Las infracciones de carácter administrativo a esta ley y sus reglamentos serán sancionadas por la autoridad sanitaria jurisdiccional, previo sumario, con audiencia de prueba y defensa de los presuntos infractores. Las constancias del acta labrada en forma, al tiempo de verificarse la infracción y en cuanto no sean enervadas por otras pruebas, podrán ser consideradas como plena prueba de la responsabilidad del imputado.
ARTICULO 40.- Contra las decisiones administrativas que la autoridad sanitaria dicte en virtud de esta ley y de sus disposiciones reglamentarias, podrán interponerse los recursos que en las normas procesales se contemplen o establezcan.
ARTICULO 41.- La falta de pago de las multas aplicadas hará exigible su cobro por mediación fiscal, constituyendo suficiente título ejecutivo el testimonio autenticado de la resolución condenatoria firme.
ARTICULO 42.- El producto de las multas que por esta ley aplique la autoridad sanitaria jurisdiccional, ingresará al Fondo Solidario de Trasplantes.
X – DEL INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE (INCUCAI
ARTICULO 43.- El Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), creado por Ley 23.885, que funciona en el ámbito de la Secretaría de Salud dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social, como entidad estatal de derecho público, con personería jurídica y autarquía institucional, financiera y administrativa, está facultado para ejecutar el ciento por ciento (100 %) de los ingresos genuinos que perciba. Su fiscalización financiera y patrimonial estará a cargo de la Auditoría General de la Nación, y se realizará exclusivamente a través de las rendiciones de cuentas y estados contables que le serán elevados trimestralmente.
ARTICULO 44.- Serán funciones del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI):
a) Estudiar y proponer a la autoridad sanitaria las normas técnicas a que deberá responder la ablación de los órganos y tejidos anatómicos para la implantación de los mismos en seres humanos -provenientes de cadáveres humanos y entre seres humanos- y toda otra actividad incluida en la presente ley, así como todo método de tratamiento y selección previa de pacientes que requieran trasplantes de órganos, y las técnicas aplicables a su contralor
b) Dictar, con el asesoramiento del Consejo Federal de Salud (COFESA), las normas para la habilitación de establecimientos en que se practiquen actos médicos comprendidos en la temática, autorización de profesionales que practiquen dichos actos, habilitación de bancos de órganos y de tejidos
c) Fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en la presente ley y su reglamentación y demás normas complementarias, y colaborar en la ejecución de leyes afines a la temática, recomendando a los gobiernos provinciales adecuar su legislación y acción al cumplimiento de estos fines
d) Intervenir los organismos jurisdiccionales que incurran en actos u omisiones que signifiquen el incumplimiento de lo establecido por la presente ley
e) Dictar, con el asesoramiento del Consejo Federal de Salud (COFESA), normas para la suspensión y/o revocación de una habilitación, cuando se verifique el incumplimiento de las condiciones y garantías de seguridad, eficacia y calidad de funcionamiento, el uso indebido u otras irregularidades que determine la reglamentación
f) Coordinar con las respectivas jurisdicciones la realización de inspecciones destinadas a verificar que los establecimientos donde se realizan las actividades comprendidas en la presente ley, se ajusten a ésta y su reglamentación
g) Proponer, con el asesoramiento del Consejo Federal de Salud (COFESA), las normas para la intervención por parte de los organismos jurisdiccionales, hasta la resolución definitiva de la autoridad de aplicación o del juez competente, de los servicios o establecimientos en los que se presuma el ejercicio de actos u omisiones relacionados con el objeto de la presente ley con peligro para la salud o la vida de las personas
h) Realizar actividades de docencia, capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos vinculados con la temática, como labor propia o a solicitud de organismos oficiales o privados, percibiendo los aranceles que a tal efecto fije la reglamentación de la presente ley
i) Promover la investigación científica, mantener intercambio de información, y realizar publicaciones periódicas vinculadas con la temática del Instituto
j) Evaluar publicaciones y documentaciones e intervenir en la autorización de investigaciones que se realicen con recursos propios dirigidas a la tipificación de donantes de órganos, desarrollo de nuevas técnicas y procedimientos en cirugía experimental, perfusión y conservación de órganos, e investigaciones farmacológicas tendientes a la experimentación y obtención de drogas inmunosupresoras
k) Determinar si son apropiados los procedimientos inherentes al mantenimiento de potenciales dadores cadavéricos, diagnóstico de muerte, ablación, acondicionamiento y transporte de órganos, de acuerdo a las normas que reglan la materia
l) Asistir a los organismos provinciales y municipales responsables del poder de policía sanitaria en lo que hace a la materia propia de las misiones y funciones del Instituto, a requerimiento de aquéllos, pudiendo realizar convenios con los mismos y con entidades públicas o privadas con el fin de complementar su acción
m) Proveer la información relativa a su temática al Ministerio de Salud y Acción Social, para su elaboración y publicación, con destino a los profesionales del arte de curar y las entidades de seguridad social
n) Coordinar la distribución de órganos a nivel nacional, así como también la recepción y envío de los mismos a nivel internacional y las acciones que se llevan a cabo para el mantenimiento de los siguientes registros:
1) Registro de personas que hubieren manifestado su oposición a la ablación de sus órganos y/o tejidos.
2) Registro de personas que aceptaron la ablación o condicionaren la misma a alguno de sus órganos o a algunos de los fines previstos en la presente ley.
3) Registro de manifestaciones de última voluntad, en las condiciones del artículo 21 en el que conste la identidad de la persona que testimonia y su relación con el causante.
4) Registro de destino de cada uno de los órganos o tejidos ablacionados con la jerarquía propia de los registros confidenciales bajo secreto médico.
ñ) Dirigir las acciones que permitan mantener actualizada la lista de espera de receptores potenciales de órganos y tejidos en el orden nacional, coordinando su acción con organismos regionales o provinciales de similar naturaleza
o) Entender en las actividades dirigidas al mantenimiento de potenciales dadores cadavéricos y supervisar la correcta determinación del diagnóstico de muerte, ablación y acondicionamiento de órganos, coordinando su acción con organismos regionales y provinciales
p) Efectuar las actividades inherentes al seguimiento de los pacientes trasplantados, con fines de contralor y estadísticos
q) Dirigir las acciones que permitan mantener actualizados los registros creados por la presente ley en el orden nacional.
r) Proponer normas y prestar asistencia técnica a los organismos pertinentes en la materia de esta ley
s) Adquirir, construir, arrendar, administrar y enajenar bienes, aceptar herencias, legados y donaciones, estar en juicio como actor o demandado, contratar servicios, obras y suministros y en general realizar todos los actos que resulten necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, con ajuste a las disposiciones vigentes
t) Proponer a la Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL), las modificaciones o inclusiones que considere convenientes en su temática, proveyendo la información que le sea solicitada por dicho ente
u) Asistir técnica y financieramente, mediante subsidios, préstamos o subvenciones, a los tratamientos trasplantológicos que se realicen en establecimientos públicos nacionales, provinciales o municipales. Asimismo, promover y asistir directamente la creación y desarrollo de centros regionales y/o provinciales de ablación y/o implantes de órganos
v) Celebrar convenios con entidades privadas para su participación en el sistema
w) Asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo concerniente a las campañas de difusión masiva y concientización de la población respecto de la problemática de los trasplantes
x) Realizar toda acción necesaria para el cumplimiento de sus fines de conformidad con la presente ley y su reglamentación.
Modificado por: Ley 26.066 Art.11 (B.O. 22/12/2005) INCISO N) Y Q) SUSTITUIDOS
Nota: Ver: Resolución 151/01
(B.O. 03/09/2001) SE APRUEBAN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA DISTRIBUCION, ASIGNACION Y ADJUDICACION DE INTESTINOS PARA TRASPLANTE, PROVENIENTE DE DONANTES CADAVERICOS POR RES. DEL MINISTERIO DE SALUD.
ARTICULO 45. – El Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) estará a cargo de un directorio integrado por un presidente, un vicepresidente y un director, designados por el Poder Ejecutivo nacional de conformidad con las siguientes disposiciones:
a) El presidente será designado a propuesta de la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias, del Ministerio de Salud y Ambiente;
b) El vicepresidente será designado a propuesta del Consejo Federal de Salud (COFESA);
c) El director será designado previo concurso abierto de títulos y antecedentes con destacada trayectoria en la temática, cuya evaluación estará a cargo de la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias, del Ministerio de Salud y Ambiente;
d) Los miembros del directorio durarán CUATRO (4) años en sus funciones y podrán ser reelegidos por un período más.
Tendrán dedicación de tiempo completo y no podrán participar patrimonialmente en ningún instituto, entidad o institución vinculado con el objeto de esta ley.
Modificado por: Ley 26.066 Art.12
(B.O. 22/12/2005) ARTICULO SUSTITUIDO
ARTICULO 46.- Corresponde al directorio:
a) Dictar su reglamento interno;
b) Aprobar la estructura orgánico-funcional del Instituto, el
presupuesto anual de gastos, cálculo de recursos y cuentas de
inversiones, y elaborar la memoria y balance al finalizar cada
ejercicio. En el presupuesto de gastos no se podrá destinar más
de un diez por ciento (10 %) para gastos de administración;
c) Asignar los recursos del Fondo Solidario de Trasplantes, dictando
las normas para el otorgamiento de subsidios, préstamos y
subvenciones;
d) Fijar las retribuciones de los miembros del directorio;
designar, promover, sancionar y remover al personal del Instituto,
y fijar sus salarios, estimulando la dedicación exclusiva;
e) Efectuar contrataciones de personal para la realización de
labores extraordinarias o especiales que no puedan ser realizadas
con sus recursos de planta permanente, fijando las condiciones de trabajo y su retribución
f) Delegar funciones en el presidente, por tiempo determinado.
ARTICULO 47.- Corresponde al presidente:
a) Representar al Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) en todos sus actos
b) Convocar y presidir las reuniones del directorio, en las que tendrá voz y voto, el que prevalecerá en caso de empate
c) Invitar a participar, con voz pero sin voto, a representantes de sectores interesados cuando se traten temas específicos de su área de acción
d) Convocar y presidir las reuniones del Consejo Asesor;
e) Adoptar todas las medidas que, siendo de competencia del directorio, no admitan dilación, sometiéndolas a consideración del mismo en la primera sesión
f) Delegar funciones en otros miembros del directorio, con el acuerdo de éste
g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del directorio.
ARTICULO 48.- En el ámbito del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) funcionarán dos Consejos Asesores, de carácter honorario, que se conformarán según lo determine la reglamentación de la presente ley:
a) un consejo asesor de pacientes integrado por pacientes pertenecientes a las organizaciones que representan a personas trasplantadas y en espera de ser trasplantadas
b) un consejo asesor integrado por representantes de sociedades y asociaciones científicas, las universidades, otros centros de estudios e investigación y otros organismos regionales o provinciales de naturaleza similar a este instituto, y un representante de cada región sanitaria de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Salud y Acción Social al respecto, incluyendo a la provincia de La Pampa dentro de la Región Patagónica, y un representante de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
ARTICULO 49.- Créase el Fondo Solidario de Trasplantes, el que se integrará con los siguientes recursos:
a) La contribución del Estado Nacional, mediante los créditos que le asigne el presupuesto de la Nación
b) El producto de las multas provenientes de la aplicación de las sanciones administrativas y penales previstas en la presente ley
c) El fondo acumulativo que surja de acreditar:
1) (Nota de redacción) VETADO POR DE.773/93
2) (Nota de redacción) VETADO POR DE. 773/93
3) (Nota de redacción) VETADO POR DE. 773/93
4) El producido de la venta de bienes en desuso, los de su propia producción, las publicaciones que realice, intereses, rentas u otros frutos de los bienes que administra.
5) Los legados, herencias, donaciones, aportes del Estado Nacional o de las provincias, de entidades oficiales, particulares o de terceros, según las modalidades que establezca la reglamentación, con destino a solventar su funcionamiento.
6) Las transferencias de los saldos del fondo acumulativo y de los de su presupuesto anual asignado, no utilizados en el ejercicio.
Nota: Decreto Nacional 773/93 Art.1 (B.O. 26-04-93). Apartados 1, 2 y 3 del inciso c) parcialmente vetados.
Decreto Nacional 773/93 Art.2 (B.O. 26-04-93). Ultimo párrafo parcialmente vetado.
ARTICULO 50.- (Nota) VETADO POR DE. 773/93
Nota: Ver: Decreto Nacional 773/93 Art.3 (B.O. 26-04-93). Vetado.
ARTICULO 51.- Los recursos del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) serán depositados en una cuenta especial a su orden creada a estos efectos y destinados prioritariamente para asistir al desarrollo de los servicios que se realicen para tratamiento trasplantológico en establecimientos públicos nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de asistir a pacientes carenciados sin cobertura social, como así también a fomentar la procuración de órganos y tejidos necesarios a los fines de esta ley.
Las autoridades sanitarias jurisdiccionales deberán disponer la creación de servicios de trasplantes de órganos en instituciones públicas de adecuada complejidad en sus respectivas áreas programáticas.
Nota: Ver: Decreto Nacional 773/93 Art.4 (B.O. 26-04-93). Ultimo párrafo parcialmente vetado.
ARTICULO 52.- Los cargos técnicos del personal del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) serán cubiertos previo concurso abierto de títulos y antecedentes.
XI – DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y ACTIVIDADES DE INSPECCION (artículos 53 al 55)
ARTICULO 53.- La autoridad sanitaria jurisdiccional está autorizada para verificar el cumplimiento de esta ley y sus disposiciones reglamentarias, mediante inspecciones y pedidos de informes. A tales fines, sus funcionarios autorizados tendrán acceso a los establecimientos o servicios, habilitados o no, en que se ejerzan o se presuma el ejercicio de las actividades previstas por esta ley, podrán proceder al secuestro de elementos probatorios y disponer la intervención provisoria de los servicios o establecimientos.
ARTICULO 54.- Sin perjuicio de la sanción que en definitiva corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35, la autoridad sanitaria jurisdiccional podrá adoptar las siguientes medidas preventivas:
a) Si se incurriera en actos u omisiones que constituyeran un daño o peligro para la salud de las personas se procederá a la clausura total o parcial de los establecimientos o servicios en que los mismos ocurrieran, o a ordenar suspender los actos médicos a que refiere esta ley. Dichas medidas no podrán tener una duración mayor de ciento ochenta (180) días.
b) Clausurar los servicios o establecimientos que funcionen sin la correspondiente autorización.
c) Suspensión de la publicidad en infracción.
ARTICULO 55.- A los efectos de lo dispuesto en los artículos 53 y 54 de la presente ley, la autoridad sanitaria jurisdiccional podrá requerir en caso necesario auxilio de la fuerza pública, y solicitar órdenes de allanamiento de los tribunales federales o provinciales competentes.
XII – DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL ESPECIAL
ARTICULO 56.- Toda acción civil tendiente a obtener una resolución judicial respecto de cuestiones extrapatrimoniales relativas a la ablación e implante de órganos o tejidos será de competencia de los tribunales federales o provinciales en lo civil del domicilio del actor. En el orden federal se sustanciará por el siguiente procedimiento especial:
a) La demanda deberá estar firmada por el actor y se acompañarán todos los elementos probatorios tendientes a acreditar la legitimidad del pedido. No será admitido ningún tipo de representación por terceros y la comparencia del actor será siempre personal, sin perjuicio del patrocinio letrado.
b) Recibida la demanda, el Juez convocará a una audiencia personal la que se celebrará en un plazo no mayor de tres días a contar de la presentación de aquélla.
c) La audiencia será tomada personalmente por el Juez y en ella deberán estar presentes el actor, el Agente Fiscal, el Asesor de Menores en su caso, un perito médico, un perito psiquiatra y un asistente social, los que serán designados previamente por el Juez.
Se podrá disponer además la presencia de otros peritos, asesores o especialistas que el Juez estime conveniente. La inobservancia de estos requisitos esenciales producirá la nulidad de la audiencia.
d) Del desarrollo de la audiencia se labrará un acta circunstanciada, y en su transcurso el Juez, los peritos, el Agente Fiscal, y el Asesor de Menores en su caso, podrán formular todo tipo de preguntas y requerir las aclaraciones del actor que consideren oportunas y necesarias.
e) Los peritos elevarán su informe al Juez en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la audiencia, y éste podrá además, en el mismo plazo, recabar todo tipo de información complementaria que estime conveniente.
f) De todo lo actuado se correrá vista, en forma consecutiva, al Agente Fiscal y al Asesor de Menores, en su caso, quienes deberán elevar su dictamen en el plazo de veinticuatro (24) horas.
g) El Juez dictará sentencia dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores al trámite procesal del inciso anterior.
h) En caso de extrema urgencia, debidamente acreditada, el Juez podrá establecer por resolución fundada plazos menores a los contemplados en el presente artículo, habilitando días y horas inhábiles.
i) La inobservancia de las formalidades y requisitos establecidos en el presente artículo producirá la nulidad de todo lo actuado.
j) La resolución que recaiga será apelable en relación, con efecto suspensivo. La apelación deberá interponerse de manera fundada en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, y el Juez elevará la causa al superior en el término de veinticuatro (24) horas de recibida la misma. El tribunal resolverá el recurso en el plazo de tres (3) días.
El Agente Fiscal sólo podrá apelar cuando hubiere dictaminado en sentido contrario a la resolución del Juez.
k) Este trámite estará exento del pago de sellados, tasas, impuestos o derechos de cualquier naturaleza.
ARTICULO 57.- El incumplimiento del Juez, del Agente Fiscal o del Asesor de Menores, en su caso, a las obligaciones establecidas en el artículo anterior, se considerará falta grave y mal desempeño de sus funciones.
ARTICULO 58.- Invítase a los gobiernos provinciales a sancionar en sus respectivas jurisdicciones normas similares a las de este capítulo.
XIII – DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULO 59.- El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.
Hasta tanto, mantendrán su vigencia los decretos 3011/77, 2437/91 y 928/92 y demás normas reglamentarias, en todo lo que no se oponga a la presente ley.
ARTICULO 60.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictará la reglamentación que establezca los recaudos para la realización de ablaciones de córneas de los cadáveres depositados en la Morgue Judicial de acuerdo a los lineamientos y principios de la presente ley.
Invítase a las provincias a dictar en sus respectivas jurisdicciones normas similares a la del presente artículo.
ARTICULO 61.- El Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) ejercerá las funciones y facultades que por esta ley se asignan a las autoridades de contralor jurisdiccionales en aquellas jurisdicciones en las que no se encuentren en funcionamiento organismos de similar naturaleza hasta tanto los mismos sean creados y alcancen condiciones efectivas de operatividad, o hasta que las respectivas autoridades sanitarias jurisdiccionales indiquen el organismo que ha de hacerse cargo de dichas funciones.
ARTICULO 62.- El Poder Ejecutivo nacional deberá llevar a cabo en forma permanente, a través del Ministerio de Salud y Ambiente y si así este último lo dispusiere por medio del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), una intensa campaña señalando el carácter voluntario, altruista, desinteresado y solidario de la donación de órganos y tejidos a efectos de informar a la población el alcance del régimen que por la presente ley se instaura.
Autorízase al Ministerio de Salud y Ambiente a celebrar convenios con otras entidades u organismos públicos o privados, nacionales o internacionales para el mejor cumplimiento de este objetivo.
Modificado por: Ley 26.066 Art.13 (B.O. 22/12/2005)
ARTICULO 63.- Deróganse las Leyes 21.541 y sus modificatorias 23.464 y 23.885.
ARTICULO 64.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
PIERRI-MENEM-Pereyra Arandía de Pérez Pardo-Piuzzi
ANEXO A: Anexo I
Observaciones generales : CANTIDAD DE ARTICULOS QUE COMPONEN LA NORMA 0001 artículo 1:
Mercadería P.A.NCE D.I.(%) Filtro hemodializador 8421.29.600 5Catéteres 9018.39.900 5Riñón artificial 9018.90.980 5Equipo tubular estéril para hemodiálisis 9018.39.900 5Solución fisiológica (bolsa de 500 cm3) 3004.90.999 13Solución dextrosada (bolsa de 500 cm3) 3004.90.999 13Solución de carbonato de sodio(bolsa de 500 cm3) 3004.90.999 13Solución clorurada hipertónica(bolsa de 500 cm3) 3004.90.999 13Solución glucosada hipertónica(bolsa de 500 cm3) 3004.90.999 13Ciclosporina A (dosificada) 3004.90.970 5Deltisona B (dosificada) 3004.39.990 13Azatioprina (dosificada) 3004.90.330 5Suero antilinfocítico (en ampollas) 3002.10.190 5Anticuerpos monoclonales (dosificados) 3002.10.219 5Pitresina (droga pura sin dosificar) 2937.99.900 5Dopamina (droga pura sin dosificar) 2922.29.900 5Solución de Beltzer (bolsa de 1000 cm3) 3004.90.999 13