Ente Regulador de electricidad y al Ente Nacional regulador de gas (ENERGAS). Cuadros tarifarios. Incorporación Entidades de bien público

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.218 instituyó un Régimen Tarifario Específico de
Servicios Públicos para Entidades de Bien Público y reguló las
condiciones exigidas para la aplicación de dicha categoría tarifaria,
sus beneficiarios y el alcance del beneficio.

Que el ámbito de aplicación de dicho Régimen Tarifario Específico
comprende, entre otros, a los servicios públicos de gas natural y
energía eléctrica de jurisdicción federal, y al suministro de gas en
garrafas regulado por el ESTADO NACIONAL.

Que el Régimen Tarifario Específico prevé la aplicación a las entidades
beneficiarias de una tarifa equivalente a la que corresponde a los
usuarios residenciales de los servicios mencionados, en los términos
fijados en la referida Ley N° 27.218.

Que los sujetos alcanzados por este régimen se encuentran definidos en
el Artículo 2° de la ley referida, en el que se establece como
beneficiarias del régimen a las fundaciones y asociaciones que no
persigan fines de lucro y tengan como principal objeto el bien común.

Que en ese marco, el Artículo 4° de la mencionada ley incluye como
beneficiarios a las asociaciones civiles, simples asociaciones y
fundaciones que no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta
y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento
municipal que lleven adelante programas de promoción y protección de
derechos o desarrollen actividades de ayuda social directa sin cobrar a
los destinatarios por los servicios que prestan.

Que de acuerdo a lo establecido en su Artículo 6°, la Ley N° 27.218
excluyó de dicho régimen a las organizaciones sociales que tengan su
sede principal en el extranjero y las que estén formalmente
constituidas bajo las formas jurídicas previstas por la Ley N° 19.550,
o bajo cualquier otra forma jurídica que persiga fines de lucro.

Que asimismo la Ley Nº 27.218 excluyó expresamente del régimen a las
empresas, explotaciones comerciales, industrias, sin distinguir la
forma jurídica en que éstas se organicen, y a cualquier otra entidad
que no sea compatible ni asimilable a la naturaleza o carácter de las
organizaciones sin fines de lucro que describe la Ley N° 27.218.

Que tampoco quedaron alcanzadas las actividades sin fines de lucro
realizadas por entidades excluidas de este régimen y a las
asociaciones, fundaciones o entidades creadas por sociedades
comerciales, bancarias o personas jurídicas que realicen actividades
lucrativas, aun cuando las asociaciones o fundaciones creadas por éstas
tengan por objeto acciones de interés social.

Que los marcos regulatorios del gas natural y la electricidad (Leyes
Nros. 24.076 y 24.065, respectivamente), así como sus normas
reglamentarias, establecen un plexo normativo específico para regular
la prestación de los servicios públicos mencionados, a los cuales alude
la Ley Nº 27.218, y mantienen, respecto de ésta última, su especialidad
salvo en lo estrictamente atinente a la implementación de la categoría
tarifaria especial.

Que sin perjuicio de los principios tarifarios que surgen de los
referidos marcos regulatorios sectoriales, de los Artículos 2°, 4° y 6°
de la Ley N° 27.218 se observa la intención del legislador de acompañar
y fomentar, mediante la tarifa de servicios públicos, determinadas
actividades no lucrativas que tengan por objeto el bien común.

Que de este requisito, que exige a las entidades tener por objeto el
bien común, así como del conjunto de condiciones establecidas por la
referida ley para ser una entidad beneficiaria del Régimen Tarifario
Específico, se desprende que este subsidio –sostenido por el esfuerzo
de todos los habitantes del país— debe destinarse a entidades que,
además de carecer de fines de lucro, presten un servicio o beneficio a
la comunidad, del que cualquier ciudadano pueda servirse o
eventualmente participar de sus actividades.

Que lo contrario implicaría destinar fondos públicos provenientes del
esfuerzo de todos los habitantes del país para subsidiar, mediante
aportes del Estado Nacional, los servicios públicos para entidades que,
aunque presten una actividad social valiosa, ésta no sea de acceso
posible para cualquier habitante por la existencia requisitos de
admisión restrictivos u otros mecanismos de exclusión, toda vez que no
se cumpliría en tal caso con la finalidad de bien común requerida por
la ley.

Que en similar sentido, si bien surge de la mencionada ley que los
servicios o beneficios que brindan estas entidades deben ser ofrecidos
en forma gratuita, podrá disponerse excepcionalmente el acceso al
Régimen Tarifario Específico a entidades que, aunque requieran de una
contribución mínima destinada a cubrir costos de sus actividades
comunitarias o sociales, ésta no constituya —en caso de falta de pago—
motivo de exclusión de dichos servicios o beneficios.

Que la presente medida no incluye a las entidades que encuadren en el
Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo dispuesto por
la Ley Nº 27.098, cuya implementación corresponde a la autoridad de
aplicación designada en dicha Ley.

Que con relación al beneficio tarifario objeto de este régimen
especial, la Ley N° 27.218 dispone que los entes reguladores
respectivos deberán incorporar para cada servicio una categoría
específica correspondiente a entidades de bien público, para la que se
establece un tope equivalente a la tarifa máxima prevista para los
usuarios residenciales de cada servicio.

Que para el caso del suministro de gas en garrafas, la referida ley
contempla en su Artículo 18 que éstas puedan ser adquiridas por las
entidades beneficiarias abonando el precio previsto para uso
domiciliario o la tarifa social que se determine para este producto.

Que a este respecto, en el marco de la Ley N° 26.020 y a través del
Decreto N° 470 del 30 de marzo de 2015, se creó el “Programa Hogares
con Garrafa” (PROGRAMA HOGAR), mediante el cual el ESTADO NACIONAL
procura asistir a hogares de bajos recursos o conformados en viviendas
de uso social o comunitario de todo el territorio de la REPÚBLICA
ARGENTINA, facilitándoles el acceso al suministro de gas licuado de
petróleo envasado en condiciones más favorables.

Que el mencionado Decreto fue reglamentado por la Resolución N° 49 del
31 de marzo de 2015 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, a través de la
cual se definieron los parámetros para identificar a los titulares de
hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario; y
por la Resolución N° 74 del 1 de abril de 2015 de la ex SECRETARÍA DE
ENERGÍA, por la que se creó el Registro de Beneficiarios del mencionado
programa, debiendo estar inscriptos en el mismo quienes pretendan
percibir dicho subsidio.

Que la Ley Nº 27.218 designó como autoridad de aplicación de dicha ley
y otorgó facultades de supervisión, implementación y aplicación del
Régimen Tarifario Específico de Servicios Públicos para las Entidades
de Bien Público al ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS, habiendo quedado asignadas las referidas
atribuciones, en lo referido a los servicios de gas natural y de
electricidad, y al suministro de gas en garrafas, a este MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINERÍA en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 13 del 10
de diciembre de 2015 (modificatorio de la Ley de Ministerios) y el
Decreto N° 231 del 22 de diciembre de 2015.

Que a fin de compatibilizar la implementación del Régimen Tarifario
Específico de Servicios Públicos para las Entidades de Bien Público con
lo que disponen los marcos regulatorios del gas natural y la
electricidad, corresponde instruir a los entes reguladores a
implementar y posteriormente controlar el Régimen Tarifario Específico
de Servicios Públicos para las Entidades de Bien Público que define la
Ley Nº 27.218 sujetas a su jurisdicción, manteniendo este MINISTERIO DE
ENERGÍA y MINERÍA el control amplio y las facultades de supervisión
establecidas en el Artículo 13 de la referida ley.

Que a fin de que la nueva categoría tarifaria redunde en un verdadero
beneficio para las entidades, en el caso del servicio de distribución
de energía eléctrica, la categoría que se agregue a los cuadros
tarifarios deberá asimilarse, en sus componentes fijo y variable, a la
categoría Tarifa T1-R “Pequeñas Demandas de Uso Residencial”
correspondientes al rango de consumo de la entidad que solicita el
beneficio.

Que en el caso de las tarifas de gas por redes, la tarifa que se
agregue a los cuadros tarifarios deberá observar la misma estructura de
valores unitarios máximos y rangos de consumo que el conjunto
identificado como “Tarifa Residencial” correspondiente al cuadro
tarifario establecido para usuarios con reducción del consumo igual o
superior al QUINCE POR CIENTO (15%).

Que la Ley Nº 27.218 dispuso también en dicho artículo que la autoridad
de aplicación coordine sus acciones con los organismos públicos que
tengan competencias concurrentes a través del CONSEJO NACIONAL DE
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES o el ente interministerial que lo
reemplace en un futuro y le ordena propender la suscripción de los
acuerdos que resulten necesarios entre las autoridades estatales y las
empresas prestatarias.

Que en función de ello, este Ministerio ha convenido con el Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y el ministerio de
desarrollo social que la registración de las entidades alcanzadas por
esta resolución sea efectuada por el Centro Nacional de Organizaciones
de la Comunidad (CENOC) de dicho Consejo.

Que en la Audiencia Pública que se llevó a cabo entre los días 16 y 18
de septiembre de 2016 para tratar el precio de gas en PIST y las
tarifas transitorias de transporte y distribución de gas por red,
diversos expositores plantearon reclamos y propuestas vinculados con la
necesidad de que las entidades de bien público tengan una tarifa
diferencial por tener como objeto el bien común.

Que si bien esta medida tiene alcance no sólo con relación a las
tarifas de gas, objeto de la Audiencia Pública, sino también al
servicio de electricidad, es necesario tener en consideración dichos
planteos y efectuar adecuaciones con el fin de asegurar una mayor
protección de las entidades de bien público, por las particularidades
de la actividad que desarrollan.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por
el Artículo 23 nonies de la Ley de Ministerios (Texto Ordenado por
Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y sus modificaciones y el
Decreto Nº 231 del 22 de diciembre de 2015.

Por ello, EL MINISTRO DE ENERGÍA Y MINERÍA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — A los fines de la aplicación del Régimen Tarifario
Específico para Entidades de Bien Público creado por la Ley N° 27.218,
se instruye al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y al
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) a incorporar en los cuadros
tarifarios de los servicios de distribución de energía eléctrica y de
gas natural, respectivamente, la categoría “Entidades de Bien Público”,
fijando para dicha categoría, tarifas máximas equivalentes a las
correspondientes a la categoría “Residencial” de dichos servicios, de
acuerdo a los rangos de consumo que correspondan.

En el caso del servicio de distribución de energía eléctrica, la
categoría que se agregue a los cuadros tarifarios deberá asimilarse, en
sus componentes fijo y variable, a la categoría Tarifa T1-R “Pequeñas
Demandas de Uso Residencial” correspondientes al rango de consumo de la
entidad que solicita el beneficio.

En el caso de las tarifas de gas por redes, la tarifa que se agregue a
los cuadros tarifarios deberá observar la misma estructura de valores
unitarios máximos y rangos de consumo que el conjunto identificado como
“Tarifa Residencial” correspondiente al cuadro tarifario establecido
para usuarios con reducción del consumo igual o superior QUINCE POR
CIENTO (15%).

Las facturas de los servicios deberán reflejar la diferencia que surja
de la aplicación del Régimen Tarifario Específico para Entidades de
Bien Público respecto del monto que resultaría de la aplicación de la
tarifa que hubiera correspondido al usuario si no estuviera encuadrado
en dicho régimen.

En ningún caso este régimen tendrá como consecuencia un encuadramiento
tarifario menos beneficioso para el usuario que aquel que se le
aplicare a la fecha de la presente resolución o, en general, un costo
total del servicio mayor que aquel que le hubiera correspondido de no
aplicarse dicho régimen.

ARTÍCULO 2° — Incorpórase al final del TÍTULO IV “SUBSIDIO A USUARIOS
DE BAJOS RECURSOS” del “Reglamento General” Anexo a la Resolución Nº 49
del 31 de marzo de 2015 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que
reglamenta el PROGRAMA HOGAR (HOGARES CON GARRAFAS), los siguientes
párrafos:

“Las entidades beneficiarias de la Ley N° 27.218 serán asimiladas al
concepto de “Hogares” a efectos de recibir los beneficios de la
presente normativa. Para gozar del beneficio, dichas entidades deberán
inscribirse en el registro que a tal efecto establezca el MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINERÍA y, cumplido ello, en el Registro de Beneficiarios
creado por la Resolución N° 74 del 1 de abril de 2015 de la ex
SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.”

“Estará prohibido a las entidades beneficiaras comercializar gas
licuado de petróleo, propano, butano o mezcla de ellos, envasado o a
granel, bajo cualquier modalidad, bajo apercibimiento de disponerse la
caducidad del beneficio.”

ARTÍCULO 3° — Como condición para acceder al Régimen Tarifario
Específico para Entidades de Bien Público, las entidades comprendidas
en la Ley N° 27.218 deberán encontrarse registradas como tales ante el
CENTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD (CENOC), dependiente
del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, que actuará a estos fines en el marco de un
convenio con el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA.

La inscripción se realizará de conformidad con los criterios de
inclusión establecidos en la Ley N° 27.218 y en esta resolución,
facultándose a la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE POLÍTICA TARIFARIA
de este Ministerio a establecer las pautas complementarias e
interpretativas que se requieran para el adecuado funcionamiento del
régimen.

A los fines de su inscripción, las entidades interesadas deberán
presentar la documentación e información que acredite el cumplimiento
de los requisitos de inclusión, según determine el CENOC para cada tipo
de entidades, y manifestar, mediante el formulario que al efecto se
establezca, con carácter de declaración jurada, que quién se inscribe
no está alcanzado por ninguna de las causas de exclusión previstas en
la Ley N ° 27.218 y sus normas complementarias.

Cumplida la inscripción ante el CENOC, éste remitirá la información a
la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE POLÍTICA TARIFARIA de este
Ministerio y ésta a su vez al ENRE y/o al ENARGAS, según corresponda, a
fin de que se instruya a la respectiva empresa distribuidora la
aplicación de la nueva categoría tarifaria; o bien, para el caso de
usuarios de gas en garrafas, al órgano de coordinación del PROGRAMA
HOGAR de este Ministerio.

El MINISTERIO DE ENERGÍA y MINERÍA, en su carácter de autoridad de
aplicación de la Ley N° 27.218 en el ámbito de los servicios de su
competencia, estará facultada para realizar, a través de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE POLÍTICA TARIFARIA, la supervisión y
fiscalización del régimen y dictar las medidas necesarias para asegurar
el cumplimiento de sus fines.

ARTÍCULO 4° — Invítase a las Provincias, al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a las Municipalidades de todo el país, en el
marco de la adhesión prevista en el Artículo 26 de la Ley N° 27.218, a
coordinar con este Ministerio las acciones necesarias para el
cumplimiento de los objetivos de dicha ley en sus respectivas
jurisdicciones.

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.